Lamentablemente, no es una novedad que nuestras administraciones vivan sin presupuestos. La fragmentación política y el frentismo hacen que sea muy complejo armar mayorías constructivas y, por ello, se opta por el camino más sencillo, prorrogar presupuestos, aunque no sea ni lo más efectivo ni lo más eficiente para una correcta administración, que es de lo que se trata, gestionar, no lograr votos para perpetuarse en los cargos.

Los últimos presupuestos aprobados para la Administración General del Estado son los de finales de 2022, para el ejercicio 2023. Entonces, el Parlamento tenía una composición diferente a la actual. La mayoría que actualmente apoya al gobierno es frágil y, sobre todo, se formó para la investidura con el objetivo de evitar que gobernase el partido que más votos y escaños había logrado. Su objetivo era, y es, que no gobernase la derecha, pero de ahí a construir una mayoría en positivo media un abismo.

Lo vemos día sí, día también, en multitud de iniciativas e incluso decretos ley que decaen por no contar con suficiente apoyo parlamentario. En la anterior legislatura, se aprobaron 246 leyes, en lo que llevamos de la actual, la mitad, solo 42, es decir, una tercera parte por año, y tal como fue el último trimestre es posible que la maquinaria legislativa se ralentice aún más.

Es imprescindible que el Congreso logre aprobar unos presupuestos este otoño, y si no lo hace, lo mejor es volver a repartir las cartas. Con una nueva prórroga presupuestaria es prácticamente imposible cumplir los compromisos de gasto en defensa o implantar el pseudo cupo catalán, por poner solo dos ejemplos.

Pero no solo son esos los compromisos. Hay que dotar de más fondos a la prevención de incendios, trabajar en los retos de la inmigración, reformar la financiación autonómica,… un sudoku totalmente imposible con la actual mayoría de investidura en la que conviven partidos con modelos de sociedad radicalmente diferentes, porque la sociedad objetivo de Bildu y la del PNV está en las antípodas, lo mismo que la de ERC y la de Junts.

Las necesidades de España en 2026 no son, ni mucho menos, las que se proyectaron en 2022. En 2022 raspábamos los 48 millones de habitantes, en 2026 llegaremos a los 50 millones y el crecimiento se debe, sobre todo, a la llegada de inmigrantes, con los retos que ello supone. También el número de pensionistas habrá subido en un millón, de 9 a 10. El PIB nominal ha crecido considerablemente, de 1,3 billones a 1,6 billones, pero es que la inflación ha tenido en el periodo un comportamiento horrible, un 20% acumulado.

En 2022, hablábamos de fondos de recuperación, y la verdad es que hablamos más que materializamos. Estábamos en el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, y la situación en Oriente Medio no era tan convulsa como lo es ahora, con episodios militares entre Israel y Palestina, Líbano, Siria, Irán, Yemen,…

Tampoco Trump era presidente de Estados Unidos, y la palabra arancel no estaba en nuestro diccionario. La prima de riesgo superaba con claridad los 100 puntos, cuando hoy apunta a 50, y el petróleo estaba por los 120 dólares el barril, cuando ahora supera los 60 con dificultad.

En 2022, los tipos de interés pasaron de ser negativos a alcanzar un máximo del 4,5% en 2023, para volver a un 2% el año que viene. El déficit de las administraciones públicas superó el 3% en 2023, cosa que no ocurrió en 2024, ni se espera que ocurra en 2025 gracias, sobre todo, a no haber deflactado las tablas de recaudación del IRPF.

La presión fiscal sigue subiendo, del 37% en 2022 a casi el 40% ahora, y la deuda no baja, aunque la ratio sobre PIB mejora gracias al crecimiento de este último. En cualquier caso, no logramos bajar del 100% de deuda sobre el PIB. En resumen, la realidad con la que se concibieron los presupuestos actuales se parece más bien poco a la actual.

El frentismo y el tacticismo harán probablemente inviable tanto la aprobación de presupuestos como la convocatoria de elecciones, lo que nos llevará a un 2026 al tran tran y de nuevo con presupuestos prorrogados si no llega el sentido común y se disuelve el Parlamento, pues fracasar en los presupuestos tres años seguidos sería una razón más que suficiente para volver a las urnas.