Todo español, sobre todo si es autónomo, sabe que la más eficaz de las Administraciones de nuestro país es la Agencia Tributaria. Sus ordenadores son los mejores. Sus edificios, los más céntricos. Sus sistemas, los más modernos. Y su personal, más que suficiente para el cumplimiento de su labor.

Prueba de ello es que, ante el más mínimo descuido en la declaración de la renta, en las autoliquidaciones trimestrales o en el impuesto de sociedades, una carta llegará a tu buzón y te demostrará lo que ya sospechabas. Que Hacienda siempre vela y velará por el interés primordial del Estado: la recaudación.

Hasta aquí no debería haber problema alguno. Porque, en verdad, que los tributos se recauden con eficacia es una buena señal de que las cosas funcionan. Pero, claro, ¿a qué se destina el dinero recaudado? El de todos nosotros, los contribuyentes. Que es nuestro y no de nadie, como un desafortunado día dijo una jurista de “reconocido prestigio”. 

¿A sanidad? Las eternas listas de espera de la Seguridad Social nos confirman que no es una prioridad. Y ello a pesar del exiguo aumento en el presupuesto, sin repercusión alguna, del último año. Pues, según los datos macroeconómicos, en gasto público per cápita estamos por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Suiza, Andorra o incluso Chipre.

¿A educación? Es evidente que no, ya que, si echamos un vistazo a los Informes PISA elaborados desde el año 2015, veremos cómo España ha caído 15 puntos en Matemáticas, 22 puntos en Lectura y 8 puntos en Ciencias. Todo ello mientras, desde el Ministerio de Educación, en vez de centrar su discurso en la transmisión de conocimientos, nos hablan del trípode “resiliencia”, “género” y “bienestar”.

¿A justicia? No hay más que pasearse por los juzgados para responder con un no categórico. Expedientes amontonados y polvorientos, ordenadores de saldo, sistemas informáticos que, lejos de facilitar el trabajo, lo hacen más engorroso. Y falta de medios, personales y materiales, por culpa de una clase política a la que, discursos mendaces aparte, no le interesa la justicia.

Y digo esto último de forma clara, para que no haya lugar a dudas. Porque, aunque la justicia adolece cada día que pasa de más medios y, por consiguiente, funciona peor, nuestros políticos no hacen absolutamente nada para remediarlo. Pues los parches no son solución, sino márketing.

La media de jueces por cada 100.000 habitantes es, en España, de 11,6. Y en Europa, de 21,2. Es decir, faltan jueces. Muchos jueces. Y las plazas que anualmente se convocan distan mucho de ser las necesarias. Prueba de ello es que, en Barcelona, los juicios rápidos se están señalando para la primavera de 2026. Esto se sabe. Y hay dinero. El que ponemos todos, a través de los impuestos, para el sustento del Estado. Entonces, ¿por qué no se actúa? No se me ocurre nada, excepto la falta de interés.

La misma falta de interés que tuvo el Gobierno cuando, el pasado año, miles de funcionarios de justicia de toda España convocaron una huelga para la mejora de sus condiciones laborales. Una movilización a la que no se hizo el más mínimo caso. Y estos funcionarios, siendo como son los cimientos de la Administración de Justicia, pues sin ellos los juzgados no podrían funcionar, se vieron obligados a resignarse y a seguir trabajando sin haber sido ni siquiera escuchados.

Faltan, por tanto, medios personales. Pero también materiales. Y de los más básicos. Por ejemplo, un sistema de videoconferencias que no falle cada semana, que no obligue a los jueces, como sucede en más de una ocasión, a practicar declaraciones testificales por medio de FaceTime, con un teléfono privado. Porque, en caso de no hacerlo, los juicios se suspenderían, con el perjuicio que ello ocasiona a todas las personas, letrados, testigos y peritos, que acuden a las salas de vistas. 

O pósits. Esos papelitos de colores que se pegan parcialmente en un folio y que sirven para localizar un documento en un expediente de considerable extensión. De gran utilidad en una oficina judicial y que, si los queremos, tenemos que comprarlos y pagarlos nosotros.

Y digo yo, si no es en sanidad, ni en educación, ni en justicia, ¿en qué se gastan el dinero público nuestros políticos?

La respuesta se la dejo a ustedes, queridos lectores. Eso sí, antes de aventurarse a darla, cuenten la cantidad de personas que, pese a no haber sido elegidas en ninguna de las elecciones, acompañan a los electos. Los asesores, los miles de ellos que pululan por consejerías, ministerios, diputaciones, ayuntamientos, organismos o instituciones.

Y, a modo de ejemplo, lean el nombramiento que, al más puro estilo de los hermanos Marx, se publicó en el BOE del sábado 28 de septiembre. La Orden PJC/1037/2024, de 26 de septiembre, por la que se nombró una directora del gabinete del director del gabinete de la Presidencia del Gobierno.