Si, hoy por hoy, existe un mantra repetido hasta la saciedad por determinados políticos es que los jueces, en su inmensa mayoría, son de derechas. Y, precisamente por esta razón, no actúan como exige la Constitución, con sujeción a la ley, sino que, por el contrario, dedican sus días y sus noches a idear planes maquiavélicos para enjuiciar a los siempre íntegros representantes de la autodenominada progresía.

Este discurso, sin embargo, se contrapone radicalmente con la realidad misma. Porque los números no mienten. Y estos nos dicen que, de los 5.500 jueces que hay en España, más de la mitad no pertenecen a ninguna asociación judicial. Y, además, la Asociación Profesional de la Magistratura, la conservadora, cada año pierde más peso en favor de la Asociación Francisco Vitoria, no alineada en su conjunto con ningún colectivo político.

Lo mismo sucede con otra de las consignas coreadas, la que acusa a la Carrera Judicial de endogámica por ser habitual, señalan, que padre e hijo compartan profesión. Otra mentira, ya que, según la estadística que elabora anualmente la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, de la actual promoción de jueces, compuesta por 120 jueces en prácticas, solo el 6,03% tiene algún familiar (ni siquiera padre o madre) juez o magistrado. El 15,52% cuentan con un familiar que ejerce otra profesión jurídica, fundamentalmente la abogacía. Y el resto, la inmensa mayoría, más que absoluta, el 78,45%, nada que ver con el Derecho.

En cualquier caso, aunque la realidad refleje lo contrario, para ellos la Judicatura sigue siendo de derechas y endogámica. Por esta razón, hace unos días, el Grupo Parlamentario Sumar presentó una proposición de ley orgánica sobre reforma del sistema de acceso a la Carrera Judicial, cuya exposición de motivos, plagada de calificativos, define el actual sistema como “obsoleto”, “elitista”, “ineficiente”, “ineficaz” e “incapaz de garantizar el principio de igualdad de todas las personas en el acceso a cargos públicos”.

Además, dicho texto subraya que “únicamente se valora la capacidad de memorizar normas jurídicas frente a los méritos profesionales, la sensibilidad social y democrática, la neutralidad, la empatía y la capacidad de interactuar con los ciudadanos”. De modo que, para solventar estos problemas, convendría implementar un nuevo sistema “más europeo” que implicara “una preparación continua desde las Facultades de Derecho de las universidades, en la que el estudiantado con expedientes académicos con altas calificaciones pudiera acceder directamente a la Escuela Judicial y seguir formándose allí”.

Pues bien, un breve repaso a los sistemas de acceso de los países de nuestro entorno demuestra que las premisas de Sumar son inveraces, pues, en la mayoría de ellos, el acceso a la Escuela Judicial se produce tras superar un examen, y no directamente, con el solo criterio de las calificaciones obtenidas durante la carrera. Es el caso de Francia, de Italia o de Portugal. E idénticas conclusiones extraemos sobre la duración período de formación en España, que, ni mucho menos, como dice el texto, es muy inferior al del resto de Estados europeos. Basta con examinar la legislación comparada.

Pero nada de esto importa. Ni las estadísticas, ni los números, ni los modelos de otros países. Porque no genera votos. Es más útil lanzar al viento consignas. Y si caben en un tuit o en una pancarta, mucho mejor. “Justicia fascista”, “justicia machista”, “justicia elitista”. La culpa de todo es de los jueces. Que no actúan como tienen que actuar. Que incoan procedimientos penales contra los míos, que siempre obran bien y son buenos, a diferencia de los otros, que siempre obran mal y son malos.

Y claro, siendo así, no queda más remedio que reformar la Carrera Judicial y enseñar a los futuros jueces, desde primero de Derecho, que eso del principio de legalidad está muy bien y que sí, que la Constitución dice que tienen que ser independientes. Pero cuidado, cuando apliquen la ley han de tener bien presente el calendario electoral, para que nunca coincida una actuación judicial con unas elecciones. La democracia está por encima de la ley.

Y, además, cuando ejerzan de jueces, no pueden olvidar, en palabras del texto de Sumar, “la sensibilidad social y democrática” en la interpretación de la norma. Una norma que, por cierto, se aprueba en el Parlamento, que ya de por sí es o debería la expresión de la voluntad popular y, por tanto, sensible social y democráticamente.

En resumen, el proyecto de Sumar, sobre la base de datos inveraces fácilmente comprobables, esconde una voluntad muy peligrosa y oportuna, cual es el control ideológico de los jueces en unos momentos en que estos, por obligación constitucional y legal, han iniciado procedimientos judiciales penales contra determinados cargos políticos o contra sus consortes. 

Porque, si la selección de los jueces se circunscribe al ámbito de la Escuela Judicial, sin ningún criterio objetivo previo, como es el examen actual, en la medida en que el profesorado de dicha Escuela es elegido por el Consejo General del Poder Judicial y este, a su vez, por los políticos, el control de los partidos será férreo y, en consecuencia, los jueces serán cada vez menos independientes.