Aunque en los últimos días ha pasado a un segundo plano, enfrascados como están los políticos en la interminable negociación sobre la ley de amnistía, el debate sobre la inmigración en Cataluña ha resurgido con fuerza tras años de cierto olvido y ha venido para quedarse. Este asunto será con toda probabilidad uno de los temas relevantes en la campaña de las próximas elecciones catalanas, que deben celebrarse, en principio, en febrero de 2025.
Todo empezó el 5 de septiembre en Bruselas. Una vez decidido a negociar con el Gobierno, Carles Puigdemont mencionó el tema de la inmigración como uno de los prioritarios en la conferencia de prensa en la que expuso su posición ante las negociaciones para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. "Tenemos la mayor tasa de inmigración de toda la península, el 16,2%, más de dos puntos por encima de la de Madrid, y no tenemos competencias y recursos para gestionarla", dijo en un párrafo que pasó desapercibido.
La inmigración fue, en efecto, uno de los temas de la negociación y se acordó el traspaso a la Generalitat de la gestión, aunque con escasas concreciones. Por eso, Junts per Catalunya asegura que la gestión será integral mientras que el Gobierno sostiene que ni la expulsión de inmigrantes ni la concesión de permisos de residencia pueden delegarse.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, se apresuró a reclamar que Cataluña pueda expulsar a los inmigrantes con delitos multirreincidentes, ligando inmigración y delincuencia. Turull recogía así una petición hecha por un numeroso grupo de alcaldes del Maresme.
El giro de Junts respecto de su programa electoral, en el que se exponían ideas que puede suscribir cualquier partido de centroizquierda, se produce ante el temor de que la extrema derecha independentista y xenófoba, representada por el partido de Ripoll Aliança Catalana, muerda en una parte significativa del electorado de Junts en las autonómicas. Hay que recordar que si la líder de ese partido, Sílvia Orriols, es alcaldesa de Ripoll se debe a que Junts no apoyó el pacto de los demás partidos para impedirlo.
Otra de las razones es que, superado el procés, Junts vuelve donde solía estar CIU, el centroderecha, sobre todo en este tipo de temas. Hay que tener en cuenta que, según los datos del barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el electorado de Junts se sitúa más cerca de Vox, PP y Ciutadans (Cs) en la mayoría de las preguntas hechas por el instituto de sondeos de la Generalitat, y siempre por encima de la media al decantarse hacia la derecha.
El 64% de los votantes de Junts (media del 60%) creen que hay demasiados inmigrantes en Cataluña, y el 66% (media del 63%) opinan que el Govern ha perdido el control de las entradas de inmigrantes. En otro estudio del CEO, Encuesta sociopolítica 2022, publicado en marzo de 2023, se comprueba que los consultados sobrestiman el número de personas nacidas fuera de España que viven en Cataluña. La media es del 36% cuando la cifra real es del 21%. El 29% de los votantes de Junts considera que se les han concedido demasiados derechos a los inmigrantes en Cataluña. Solo el electorado de Vox, PP y Cs supera ese porcentaje.
El debate ha vuelto a enfrentar de nuevo a los dos principales partidos independentistas. Oriol Junqueras acusó a Junts, sin citarlo, de "abrazar los discursos de la extrema derecha que criminalizan a las personas migrantes (…) y ponen en riesgo la cohesión social y su incorporación al proyecto nacional". El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, reprochó a Junts "mezclar inmigración y seguridad" y "colocar a Sílvia Orriols en el centro del debate político".
Junts ha regresado al discurso esencialista e identitario sobre la inmigración, ligado sobre todo a los peligros que correría la cultura catalana si no se frena la llegada de inmigrantes o no se produce su integración en la sociedad catalana. Hace solo unos días, Jordi Pujol volvió a referirse a ese supuesto peligro.
La inmigración es un asunto que requiere mucha pedagogía para desmontar los tópicos al uso: ni los inmigrantes quitan el trabajo a los autóctonos –trabajan en lo que los otros no quieren- ni tienen más derechos y servicios sociales ni la inmensa mayoría se dedica a cometer delitos. El líder del PSC, Salvador Illa, sostiene que "acoger al diferente e integrarlo en tu sociedad, no solo no pone en riesgo tu identidad, sino que la refuerza".
Los flujos migratorios requieren una regulación, pero los principales países europeos necesitan a los inmigrantes para, entre otros objetivos, pagar las pensiones y para sostener la economía de una Europa envejecida con una tasa de natalidad por los suelos.