Desde que Pedro Sánchez se empleó a fondo, por primera vez, en la defensa de la amnistía ante el Comité Federal del PSOE estaba claro que habría acuerdo entre los socialistas y los independentistas catalanes para avalar la ley del perdón y el olvido de los sucesos del otoño de 2017 en Cataluña.

Después, la foto en Bruselas del número tres del PSOE, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont –bajo una inapropiada imagen de exaltación del 1-O— fue el segundo paso hacia el acuerdo definitivo, que se ultimaba este jueves, aunque aún no se ha cerrado. Así, Junts será la última pieza que encajará en el puzle.

Los últimos días de las negociaciones han sido, pues, en gran parte una escenificación, principalmente protagonizada por los dos partidos independentistas, ERC y Junts, para ver quién salía más veces en la foto y quién se apuntaba más tantos en la lucha particular que mantienen desde hace años y que siempre ha sido uno de los combustibles del procés.

Obsérvese que cuando el foco de la negociación se dirigía a las conversaciones entre Junts y el PSOE, Esquerra no dejaba de plantear más exigencias y de repetir que el acuerdo estaba “muy lejos”, con Pere Aragonès lanzando dardos cada día y Oriol Junqueras ejerciendo su papel favorito de “aguafiestas”. Sin embargo, al final, como dictaba la lógica porque el PSOE y ERC llevan tres años negociando y aprobando investiduras y presupuestos, han sido los republicanos los primeros en certificar el pacto con el PSOE en la mañana del jueves.

Para ello, el Gobierno en funciones ha tenido que aceptar el traspaso integral de Rodalies –un minitraspaso ya se había aprobado en 2010 con José Montilla en la presidencia–, que incluye las vías, los trenes y la financiación. En el paquete también se ha acordado continuar con la mesa de diálogo, cuyos acuerdos finales deberán ser sometidos a la aprobación de los ciudadanos, con una fórmula que los independentistas aseguran que incluirá la opción de la independencia, pero que en el PSOE y el PSC entienden que se votará sobre un nuevo encaje de Cataluña en el conjunto de España (un nuevo Estatut, por ejemplo). Además, la mejora de la financiación incluye la condonación de una parte de la deuda catalana (15.000 millones).

La transferencia de Rodalies podría equipararse a las concesiones de José María Aznar en el pacto del Majestic con Jordi Pujol, la supresión de los gobernadores civiles y la gestión del tráfico por parte de los Mossos, medidas insólitas en el año 1996, pero que, sin embargo, no causaron ninguna escandalera entre los políticos y los medios de la derecha. Es tan relevante el traspaso de Rodalies que ha sido más difícil pactarlo que la propia ley de amnistía. Pronto veremos si las averías siguen produciéndose pese al cambio de titularidad.

La amnistía, sin embargo, es una decisión que desborda un simple traspaso de competencias y que explica la amplia oposición que ha suscitado. Sin tener que estar de acuerdo con las barbaridades que han dicho los representantes de la derecha política, mediática y judicial –que si es el fin de la democracia y del Estado de derecho, que si Sánchez es un “peligro para la democracia constitucional española” (Aznar, dixit), es cierto que la amnistía es un salto muy cuestionable, arriesgado y susceptible de crear una situación peor que la que pretende resolver.

En primer lugar, porque le falta credibilidad por el hecho de que Sánchez y muchos de sus ministros –como ha resaltado Odón Elorza, verso suelto del PSOE— se oponían a la medida hace solo un par de meses. En segundo lugar, porque, siguiendo ese razonamiento, todas las justificaciones que se dan para aprobar la amnistía no consiguen hacer olvidar que el principal motivo para aprobarla es la necesidad de los votos de ERC y Junts para la investidura de Sánchez.

Parece ser que la exposición de motivos de la futura ley incidirá en el respeto a la Constitución y en la necesidad de aprobar la amnistía para mejorar la convivencia en Cataluña y facilitar el reencuentro entre catalanes y entre catalanes y el resto de los españoles. Son palabras, palabras, palabras, que tampoco compensan las escasas cesiones de los independentistas, primeros responsables de la violación de las leyes y de la convivencia en 2017, a cambio de que se borren sus antecedentes.

Habrá, pues, ley de amnistía, con el apoyo de al menos siete grupos parlamentarios, y la investidura de Sánchez será por mayoría absoluta en la primera votación. Habrá que confiar en que las buenas intenciones, entre ellas impedir un Gobierno de derecha y ultraderecha, se cumplan, y, al igual que pasó con los indultos, mejore la situación en Cataluña y en el resto de España. Eso sería lo único que podría justificar este salto en el vacío.