¿Quién no ha oído hablar estos días de los okupas de la Bonanova? ¿Qué está pasando? Cataluña y, en especial Barcelona, en los últimos años está teniendo un grave problema con la okupación, que se demuestra con la noticia de la Bonanova y los incidentes que se están provocando. No se trata de okupaciones de inmuebles vacíos y que los propietarios se han desentendido de los mismos, sino que se produce en cualquier tipo de propiedad y en cualquier zona.

Realmente nos encontramos ya con un grave problema que los poderes públicos tienen que solucionar. Y no lo digo sólo por estas dos casas de la Bonanova, sino por el fenómeno en general y los efectos que está causando tanto en la sociedad como en el mercado inmobiliario. Conviene recapitular un poco con la situación de estas dos casas, llamadas por los okupas La Ruïna y el Kubo. Ambas están inmersas en un procedimiento judicial para recuperar la posesión y, de hecho, en una de ellas se ha hecho un intento fallido de lanzamiento pero, por seguridad, se tuvo que suspender. En la otra se ha solicitado como medida cautelar, pero el juzgado la ha denegado.

Por tanto, no nos encontramos con el beneplácito de los propietarios sino que, aunque parece que tarde, porque las casas están okupadas desde hace unos años, están tratando de recuperar su propiedad. Los vecinos tienen miedo, es una realidad, y no porque sea un rumor o lo haya oído de un tercero, sino que mi propia madre me ha dicho que le da miedo pasar por allí y que ha dejado de pasear por esa zona de su barrio, algo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo. ¿De verdad que los políticos creen que debemos aguantar esta situación? ¿Creen que es razonable que no podamos residir tranquilos en nuestros barrios y poder disfrutar tranquilamente de nuestras propiedades?

Los políticos en esta campaña electoral han tomado como tema estrella el de la vivienda y lógicamente las okupaciones, y esta en concreto está en el ojo del huracán. De hecho, llevaban más de dos años hablando de aprobar la Ley del derecho a la Vivienda y se aprobará en plena campaña. Esta ley reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo relativo a los lanzamientos y pretende que los juzgados fijen el día y la hora exacta en que se tiene que producir el desalojo. ¿Y por qué? ¿Qué hay de malo en conocer la hora exacta? ¿Por qué les beneficia? Pues bien sencillo, para que se movilicen y consigan suspenderlo, porque la policía entiende que hay un riesgo para la seguridad de las personas.

Es una estrategia que utilizan los grupos okupas para seguir con su ilícita okupación: acuden al lugar otras personas que no son los okupantes, pero son de su cuerda, lógicamente, y para evitar una situación peligrosa la policía decide suspender el acto. Y, por ello, los juzgados lo acordaban de forma secreta, para que sólo lo conociese el propietario y pudiera llevarse a cabo el acto sin conflictos y sin riesgos.

Recordemos que para llegar al lanzamiento se ha seguido un procedimiento judicial en el que han tenido la oportunidad de defender sus derechos, por lo que no entiendo por qué pretenden cambiar esta norma, sino para beneficiar a las personas que actúan contra la propiedad y contra la ley. Y digo contra la ley porque okupar una propiedad ajena es ir contra los derechos de ese propietario, su derecho a su propiedad privada y los daños que se provocan en la misma.

Porque no olvidemos cómo destrozan las propiedades que se okupan. Yo recuerdo cómo eran estas casas antes de la okupación y es lamentable su estado actual. Una vez que los propietarios recuperen lo que es suyo tendrán que invertir mucho dinero para que puedan volver a ser viviendas utilizables. La ley habla del derecho que todos los ciudadanos tenemos de contar con una vivienda digna. Es evidente que eso es lo que tenemos que buscar y lograr, pero entiendo que se incurre en una gran contradicción al favorecer estas situaciones de okupación y que la vivienda digna y en condiciones no sea para los propietarios a los que les destrozan sus casas.

En resumen, este caso, como todos los que se suceden con las okupaciones, evidencia unas políticas erróneas y una dejación de las funciones que corresponden a cualquier Gobierno. Como ciudadanos tenemos que reclamar unas medidas eficaces que pongan fin a estas situaciones, y los operadores jurídicos deben colaborar fundamentalmente para que se lleven a cabo. Debe hacerse siempre pensando en todas las partes y sin beneficiar a unos a costa de perjudicar a muchos.