Impuestos a la baja en toda España, menos en Cataluña

El castañazo electoral que el PSOE y Podemos sufrieron el pasado domingo significa el principio del fin del régimen sanchista. El pueblo soberano ha hablado con claridad meridiana. Su veredicto supone una enmienda a la totalidad de la política desarrollada por el presidente. En particular, a sus infames pactos con los separatistas catalanes y las huestes de EH Bildu.

Los peajes satisfechos a ambos a cambio de su apoyo para perpetuarse en la poltrona han agotado la paciencia de los votantes.

El adelanto de los comicios generales al 23 de julio no es otra cosa que una huida hacia adelante, a fin de yugular de raíz la furia de los barones del propio partido, dispuestos a pasarle factura por sus embustes, su autoritarismo y su carencia de principios.

Los pronósticos apuntan a que el presidente perderá su osada apuesta y habrá de desalojar el palacio de la Moncloa.

Bajo el mando de Pedro Sánchez, el Ejecutivo viró a la ultraizquierda. Por su parte, los electores se han decantado por la derecha y la extrema derecha. España no es una excepción. En toda Europa una ola conservadora se extiende incontenible como mancha de aceite.

Uno de los banderines de enganche que el PP viene empuñando es el recorte de impuestos. Lo practica desde hace dos décadas en la Comunidad de Madrid. Esta no ha promulgado una sola tasa de nuevo cuño. Bonifica íntegramente el confiscatorio gravamen sobre el patrimonio. Fija el IRPF máximo en el 45% y el mínimo, en el 18%. Las sucesiones y donaciones disfrutan de exenciones que prácticamente las reducen a cero.

La menor carga fiscal de los contribuyentes no se ha traducido en una merma de los ingresos públicos, sino todo lo contrario. Los mayores recursos que maneja la iniciativa particular han generado un florecimiento de las actividades creadoras de riqueza, con el corolario final de que también las arcas oficiales salen fortalecidas.

A los habitantes de la meseta central no parece disgustarles el alivio instaurado por Isabel Díaz Ayuso. Bien al contrario, el 28-M la catapultaron a una mayoría absoluta apabullante.

Tras el vuelco electoral, una marea azul invade numerosas comunidades españolas. Uno de los cambios más destacables que se notarán en los gobiernos autonómicos surgidos de las urnas, afecta de forma directa al bolsillo de la ciudadanía.

Consiste en que sin duda van a aplicar exacciones tributarias más llevaderas y menos asfixiantes, según la pauta de la Villa y Corte.

En concreto se esperan rebajas notables de los tipos vigentes para la renta, así como en donaciones y sucesiones. En cuanto al patrimonio, no se descarta una completa abolición, al estilo de lo acontecido en casi toda Europa occidental.

¿Qué ocurre a este respecto en Cataluña? Pues que el Govern sigue desde hace largo tiempo un camino contrario al de la capital del Reino. Considera que no hay nada tan sano y saludable para sus súbditos como brearlos con impuestos altos.

Arguye que ello se traduce en la mejora de los servicios ofrecidos, mejora, por cierto, que sólo percibe la mente calenturienta de los capitostes de la Administración catalana.

Para alcanzar sus objetivos, ésta no ha tenido empacho en inventarse nada menos que 15 tributos de propia cosecha, un récord insólito a escala nacional.

Los dislates transcritos han convertido estas latitudes mediterráneas en un infierno fiscal insoportable, con los tipos más disparatados de toda la península. A este paso, pronto será la única excepción que confirme la regla celtibérica.

¿En qué emplea la Generalitat el gigantesco alud de dinero recaudado? Pues lo despilfarra en sus vastos montajes institucionales, compuestos por nada menos que 360 agencias, entes, consorcios, organismos autónomos, fundaciones, entidades empresariales y otros chiringuitos. Todos y cada uno gozan de su correspondiente dotación presupuestaria, amén de la consabida cohorte de funcionarios y enchufados.

Se estima en más de mil millones de euros anuales el derroche consuntivo que el Govern perpetra en tinglados absolutamente prescindibles, “estructuras de estado” inútiles, propaganda identitaria, dádivas a los amiguetes y subvenciones a los medios informativos afines.

Otro gallo nos cantaría si semejantes fondos se aplicasen a cubrir las necesidades de los depauperados ciudadanos. Por desgracia, sobre nuestras tribulaciones hacendísticas no cabe albergar esperanza alguna. El president Pere Aragonès tiene dicho que no piensa aligerar el expolio fiscal hasta que Cataluña se independice de España y se erija en un estado de pleno derecho. O sea, por los siglos de los siglos.