La nueva Ley de Vivienda dificulta el desalojo de los inquilinos que se convierten en okupas

El borrador de la nueva Ley de Vivienda es “preocupante” porque dificulta el desalojo de los inquiokupas, los inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se convierten en allanadores. Así lo ha afirmado Alejandro Fuentes-Lojo, abogado especialista en Derecho Civil Inmobiliario, en la jornada sobre okupaciones del foro Desperta BCN! El jurista ha recalcado que, mientras que en los últimos años se ha luchado por agilizar los procedimientos judiciales para devolver las viviendas okupadas en el menor tiempo posible a sus legítimos propietarios, el nuevo proyecto legislativo supone un retroceso. 

“Sorprende que tras muchos años de reformas para conseguir un procedimiento más ágil para poder recuperar la posesión por falta de pago, esta Ley de Vivienda se lo está cargando”. El jurista añade que también prohíbe a los propietarios protegerse con la exigencia de más de tres meses de fianza y que incluye nuevos requisitos burocráticos tan “farragosos” que dejan a los dueños de las viviendas desprotegidos frente a los intrusos. 

Falta de voluntad política

En la misma línea, Emilio Zegrí, abogado penalista especializado en okupaciones en Barcelona, añade que en el caso concreto de la Ciudad Condal, que aglutina el mayor número de allanamientos de España, las autoridades tienen “una actitud de proselitismo con respecto a entidades” que apoyan conductas que facilitan el fenómeno de la okupación. 

Ambos juristas comparten que existe una “falta de voluntad política” para poner fin al problema de las okupaciones, aunque han hecho hincapié en que se debe hacer una distinción entre la okupación delincuencial, perseguida en el Código Penal, y la que es derivada de una relación negocial, conocida como inquiokupación. 

El "sinhogarismo" no debe ser una política de vivienda

Sobre que Barcelona sea la ciudad con mayor número de okupaciones de España, Fuentes-Lojo ha lamentado que “el sinhogarismo jamás puede ser una buena política de vivienda”. El jurista ha denunciado que España tiene los datos más bajos en cuanto a parques de vivienda pública de Europa y que las Administraciones cargan a las espaldas de los propietarios el problema de la falta de pisos sociales, poniendo en riesgo el derecho a la propiedad. Además, ha añadido, la Administración se está encontrando con un escenario en el que "okupan sus propias viviendas", que en teoría se deberían destinar a personas sin recursos. "Sin embargo no se atreven a echarlos, así que es como un pez que se muerde la cola". 

El motivo, explica, es por “miedo” a tomar decisiones en cuanto al “problema socioeconómico alarmante” de la vivienda, cuyas consecuencias pueden tener un gran coste electoral. Por último, Zegrí ha solicitado más medios y herramientas procesales para proteger a los propietarios frente a los allanadores. 

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Barcelona, a la cabeza en okupaciones

Cataluña continúa a la cabeza en cuanto a okupaciones con respecto al resto de comunidades autónomas. De hecho, con 1.673 infracciones penales triplica a la segunda región con más casos, Andalucía. Aun así, en Cataluña el dato ha ido bajando en los tres últimos años, pasando de 1.966 casos en 2021 a 1.875 en 2022.

En cuanto a Barcelona, en 2022 se registraron 1.313 allanamientos en viviendas, frente a las 1.610 de 2019, lo que supone un descenso del 18,45% en tres años, según un informe del Ayuntamiento de Barcelona basado en los datos recopilados por los Mossos d’Esquadra. De todos modos, los datos siguen siendo muy elevados.

Mano dura a los grandes propietarios

Cabe recordar que en febrero el Parlament de Cataluña aprobó, aunque con limitaciones, una nueva ley para que los ayuntamientos, motu proprio, puedan emprender acciones legales cuando las okupaciones que generen molestias a los vecinos se produzcan en inmuebles de grandes tenedores y estos no tomen medidas.

Inicialmente se solicitaba que pudieran ser también las comunidades de vecinos quienes dieran el paso para echar a los okupas molestos de los pisos de grandes propietarios que se mostraran pasivos, un extremo que quedó descartado. Sin embargo, Fuentes-Lojo ha incidido en que la diferenciación entre grandes y pequeños propietarios "es una medida estrictamente política", puesto que "constitucionalmente y jurídicamente no tienen ningún amparo". La distinción, señala, se debe a que "electoralmente se vende muy bien".