Después de semanas dormido, el independentismo ha vuelto a agitarse por dos hechos protagonizados por dos mujeres: el regreso inesperado de la exconsellera Clara Ponsatí y la condena por falsedad y prevaricación de la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs. Pero la división entre ERC y Junts es tan profunda que ni siquiera estos hechos –uno positivo y otro negativo, desde su óptica— han servido para evitar el enfrentamiento entre los dos partidos.

En el caso de la sentencia que condena a Borràs a cuatro años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación, solo Junts ha defendido a su presidenta. Nadie de ERC ni de la CUP ha acudido al Parlament a manifestarse en contra de la sentencia junto a un escaso medio centenar de personas que se han movilizado, una cifra ridícula comparada con anteriores actos de protesta. ERC, por boca de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, estima que la sentencia confirma las “malas prácticas” de Borràs al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), mientras que el president Pere Aragonès, antes de conocerse el fallo, desligaba este caso de los de Meritxell Serret y Ponsatí, encausadas por la organización del 1-O.

La sentencia, en efecto, condena a Borràs porque en el troceado de contratos para favorecer a su amigo Isaías Herrero –condenado a dos años de prisión y a un año y 10 meses de inhabilitación— se prescindió “de todo procedimiento regular” y se quebraron “todos los principios que rigen en materia de contratación pública, entre ellos los de publicidad y transparencia”, así como los de “no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos”. El contrato –troceado en 18— fue “diseñado, decidido y ejecutado con único sometimiento a la voluntad personal de quien tenía toda la autoridad para contratar y autorizar su pago, Borràs como directora de la ILC”, dice la sentencia, que incluye expresiones como “ficción” al referirse a los supuestos competidores o “actividades falsarias”.

Pese a todo ello, Borràs salió a reaccionar con la misma canción de siempre: el juicio responde a una “persecución política” y su condena, que calificó de “aberración judicial y democrática”, se enmarca en la estrategia del Estado español de “destruir el movimiento independentista”. Palabras que encajan muy mal con otra de las decisiones de los jueces, la de solicitar que se le conceda un indulto parcial que rebaje la pena a dos años para no tener que entrar en la cárcel. El tribunal toma esta decisión al considerar “excesiva la duración de la pena privativa de libertad”.

Borràs prometió “plantar cara” para defender su “integridad” y su “dignidad” y lanzó este mensaje a los otros partidos independentistas, especialmente a ERC: “A los que me querían apartar y esperaban que el tribunal les hiciera el trabajo, les invito a reflexionar si todo vale y si están dispuestos a aprovechar la represión con finalidades partidistas”. ERC no se ha pronunciado aún sobre el inevitable reemplazo de Borràs en la presidencia de la Cámara, que ya han pedido el PSC y los comuns, mientras que el PP, Ciutadans y Vox han anunciado que llevarán el caso a la Junta Electoral si Borràs no renuncia.

El otro caso, el regreso a Cataluña de Ponsatí, minuciosamente preparado para coincidir con el juicio contra Serret y con un pleno del Parlamento Europeo para utilizarlo de caja de resonancia, se convirtió en un espectáculo mediático. Ponsatí fue detenida durante cinco horas por los Mossos y liberada por el juez de guardia a instancias del instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Calificó la detención de “ilegal” por su inmunidad como eurodiputada –que estudiará la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara— y antes tuvo tiempo de dar una rueda de prensa en la que dijo que había venido a denunciar “la vulneración sistemática” de derechos por el Estado español, la “pasividad” del Gobierno catalán y para conseguir que las instituciones europeas “dejen de mirar a otro lado” sobre la situación en Cataluña.

En marzo del año pasado, Ponsatí repitió la idea que ya le expresó a Carles Puigdemont un día antes de la declaración de independencia en octubre de 2017: “Con el planteamiento de no hacer nada si hay riesgo de muertos, no haríamos nunca nada. No es necesario que todo el mundo esté dispuesto a arriesgarse, simplemente es un riesgo que debe correrse”, escribía en un libro reciente. Pero a quien no le importan los muertos para llegar a la independencia, se ha cuidado de esperar a que su regreso no la llevaría a la cárcel, gracias a la supresión del delito de sedición pactada entre el Gobierno y ERC.

ERC le ha recordado precisamente eso mientras ella, con su tradicional descaro, acusaba al Govern de ser “una herramienta de la ocupación española” y a la consellera Serret de ir “por el mundo y poner la bandera española tres veces más grande que la catalana”.