Queremos energías renovables, pero no al lado de casa. Queremos reducir las emisiones, pero también la comodidad del coche particular. Queremos ayudar al medio ambiente, pero sin hacer el esfuerzo de reciclar. Todas estas contradicciones vienen manifestándose desde hace años. Sin embargo, ahora se ha puesto de moda llevar un estilo de vida más sostenible. Podemos ver incluso cómo los supermercados potencian sus productos ecológicos o cómo las marcas de Inditex sacan sus propias líneas de ropa con materiales reciclados.

El ecologismo es ahora un nuevo aspecto que tener en cuenta en las estrategias de marketing de las grandes corporaciones; y no solo de las mercantiles, claro, sino también de los gobiernos de las distintas administraciones públicas. En este sentido, el consenso social para combatir el cambio climático ha propiciado la puesta en marcha de acciones desde el ámbito local. Ciudades como Girona o Sant Cugat ya han aprobado sus Planes de Acción para el clima y la sostenibilidad.

En Barcelona, durante la campaña de las elecciones municipales en 2019, algunas candidaturas abanderaron el peaje de congestión para reducir el transporte motorizado; un instrumento ya existente en ciudades como Singapur, Londres, Manchester, Estocolmo, Oslo y Milán. La propuesta fue fuertemente criticada por la lista encabezada por Ada Colau, argumentando que dicha medida supondría un sablazo económico para aquellos conductores con menor poder adquisitivo. Sin embargo, sabemos que se trata de una medida progresiva en la medida que los conductores de mayor renta viajan en coche con más frecuencia y los ingresos del peaje se destinan a mejorar el transporte público.

Cuando salió reelegida, Colau propuso como alternativa la zona de bajas emisiones, cuyos efectos sí implican un mayor esfuerzo económico para los particulares de menor renta: en vez de pagar una tarifa puntual para circular por Barcelona, ahora deberán comprarse un coche --que quizá no se pueden permitir-- para poder acceder a sus trabajos. Para que estas medidas puedan cumplir con su finalidad, deberán ir acompañadas de una mejora de las infraestructuras de transporte público. 

La necesidad de actuar ante el cambio climático no solamente ha tenido un alcance municipal. En 2019, el gobierno catalán aprobó el Decreto 16/2019, un reglamento cuyo objetivo es, entre otros, dar impulso a las energías renovables y, con este fin, define un procedimiento más sencillo para la aprobación de proyectos de implementación de plantas solares y eólicas. Un gran avance de este Decreto es que se admite la instalación de placas solares en las cubiertas y otras construcciones auxiliares sin la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. Además, en lugar de establecer un régimen de licencia, prevé el de comunicación previa para estos casos; un gran avance hacia la tan necesaria desburocratización de nuestra administración.

Esta medida ha sido severamente criticada por algunos partidos y sectores sociales, refiriéndose a los perjuicios que se causarían en el sector agrario y al impacto paisajístico. Este argumento cae por su propio peso cuando el reglamento crea la Ponencia de energías renovables para evaluar la viabilidad y emplazamiento de dichas plantas, órgano integrado por representantes de los Departamentos de la Generalitat competentes en medio ambiente, energía, urbanismo y paisaje, cambio climático, patrimonio cultural y agricultura. Además, en lo que al suelo rústico se refiere, los planes territoriales y los planeamientos urbanísticos municipales establecen unas zonas de suelo agrícola en función del valor que presente cada terreno, de modo que, si su valor agrícola es más elevado, tendrá una mayor protección y, en consecuencia, será mucho más difícil implementar parques eólicos o solares en estos terrenos.

Sin embargo, lo anterior no significa que el Decreto no sea mejorable. Sería pertinente contar con unos criterios más concretos para evaluar la viabilidad de dichas plantas para así reducir al mínimo posible la discrecionalidad administrativa surgida de una técnica legislativa perfectible, que denota cierta urgencia en su redacción para aprovechar la inercia del momento. Esta concreción es necesaria para aportar mayor seguridad jurídica a aquellos que deseen invertir en proyectos de renovables. Cataluña tiene ahora mismo la mitad del mínimo de implantación renovable que exige la Unión Europea.

Finalmente, veremos qué futuro le depara a la transición energética catalana si se aprueba la moratoria que han pactado CUP y ERC. Una iniciativa que precisamente va en la dirección opuesta a la línea de la Unión Europea y de España, que ha aprobado la Ley del Cambio Climático --pendiente de su aprobación definitiva en el Senado-- para avanzar hacia la descarbonización en 2050, aunque se debe decir que es conocida por ser poco ambiciosa. De nuevo, la CUP vuelve a condicionar la agenda política con su posición histriónica del “todo o nada”; esperemos no quedarnos, de nuevo, en la cola de las autonomías.

Convertir el ecologismo en una forma de marketing político imposibilita los consensos necesarios para abordar el problema global del cambio climático. Así pues, la combinación del greenwashing de determinadas formaciones con el todo o nada de los grupos más intransigentes terminará por encallar la tan necesaria transición ecológica.