El motor denuncia a Colau por una chapuza en la Zona de Bajas Emisiones

Así lo indican los propietarios de talleres de la ciudad implicados en la confección del recurso. Han armado la estrategia legal de la mano del sector de los coches clásicos y la han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el responsable de dirimir sobre la normativa polémica. El escrito pretende dejar sin efecto una regulación que impacta de forma directa "sobre 800 talleres situados en la zona acotada solo a automóviles limpios", señalan los promotores. 

Polémica con fallos en la nueva la ley anticontaminación / CG

Cálculo erróneo en la contaminación

¿Qué alegan los afectados? "El cálculo de la contaminación en Barcelona que citan los redactores de la ZBE se tomó en solo tres estaciones ambientales. Y los datos son de 2013. Es impresentable hacer una extrapolación de esas cifras a la situación actual", detallan. De entrada, en ese año estaba vigente una normativa europea más laxa que la actual. Además, en el tiempo transcurrido se ha producido un cambio importante en la industria, ahora se comercializan motores con menores emisiones. "Los coches son mucho más verdes que ocho años atrás", sentencian las mismas fuentes. 

"Utilizar esos datos como justificación para expulsar a vehículos de 95 kilómetros cuadrados no nos parece proporcional, y así lo hemos argumentado en nuestro escrito", agregan. Dicho y hecho, lo han presentado ante el TSJC y la segunda instancia judicial "lo ha admitido a trámite", sostienen. 

La junta pidió y el sector ha respondido

El inicio de esta acción judicial se remonta a 2019. Fue entonces cuando la "junta del Gremio del Motor de Barcelona pidió que se buscara una solución a los 800 talleres que han quedado atrapados en el interior de la ZBE. Y se ha hecho: se ha presentado un recurso al TSJC para anular la ordenanza", explican los interlocutores consultados. 

La decisión se comunicó en asamblea esta semana a los asociados a la organización sectorial. Se pidió absoluta discreción, pues el Ayuntamiento de Barcelona dispone de unas semanas para presentar sus argumentos, el inicio de su defensa de la regulación vigente. 

Sin diálogo y con fallos

El sector del motor sostiene que es necesario anular la ordenanza por la cerrazón del gobierno municipal en negociarla con el sector. Ello, y el hecho de que presente supuestos fallos de calado que remarcarán ante los magistrados del Alto Tribunal catalán. "Hace poco se viralizó la multa a un vehículo remolcado por una grúa que iba al desguace. Pero es que esa situación es constante. El sistema informático de la ZBE no discrimina entre vehículos en marcha y automóviles que se remolcan hacia el taller", precisan las fuentes consultadas. Otro de los problemas derivados que aseguran que existe con la normativa local. 

Ante este hecho, desde la industria de las reparaciones del automóvil han tenido que inventarse soluciones imaginativas. "Los conductores de grúa tapan con un cartón las matrículas de los coches que transportan para que no les multen. Porque si les llega la sanción, tienes que recurrirla de forma administrativa, algo muy farragoso", alertan. 

La superisla, solo con los 'suyos'

La Zona de Bajas Emisiones de Barcelona entró en vigor el 1 de enero de 2020. No obstante, el Gobierno municipal aplazó la activación de su capítulo sancionador al 15 de septiembre del mismo año por los efectos del coronavirus en el país. Las restricciones de movilidad que se han requerido han vaciado las ciudades de todo el territorio, también Barcelona, por lo que la urgencia era menor.  

Los representantes del sector del motor local se lamentan de que el ayuntamiento ignorase sus peticiones a la hora de confeccionar la norma, una falta de interlocución que se habría repetido años después con el proyecto Supermanzana Barcelona. "Peatonalizan 33 calles del Eixample, perjudican a decenas de talleres y lo hacen por la vía de los hechos. Solo dejan espacio al recurso judicial. Pero cuando la justicia falle, las obras ya habrán finalizado y los magistrados no querrán desmontar nada", lamentan los afectados. Por ahora, el primer contencioso está vivo.