El juez Táboas, ante el Consejo General del Poder Judicial por un caso urbanístico

La mercantil atribuye las prácticas dilatorias del juez en un caso de responsabilidad patrimonial a una supuesta colusión de intereses con el Ayuntamiento de Cercs (Barcelona). Además, sospecha que el magistrado actuó del mismo modo en otra causa semejante en 2012. La sociedad ha puesto estos hechos en conocimiento del órgano de gobierno de los jueces antes de tomar nuevos pasos, aunque no descarta la presentación de una querella contra el consistorio en los próximos meses.

"Un buen amigo"

Grup Cercs 4 sostiene que el posicionamiento del juez en una causa pendiente de resolver desde 2006 obedece a una estrategia coordinada con el ayuntamiento. Como prueba de esta pretendida vinculación, la empresa se retrotrae a otro caso de 2012 que también tuvo como protagonista a Táboas. En aquel año, el juez fue consultado por el letrado del consistorio del Berguedà, Roger Comas Fradera, para obtener su "opinión" sobre un conflicto urbanístico local en el cual estaba implicado el gobierno municipal.

En un correo electrónico adjunto a la queja ante el CGPJ, al cual ha tenido acceso Crónica Global, Comas se refería a Táboas como “un buen amigo” al que “siempre es útil preguntarle este tipo de cuestiones antes de emitir un pronunciamiento en firme”. El abogado le confió parte de la información “sin explicitarle todo el detalle del caso, para no comprometerlo”. El objetivo final de Comas era "afinar la respuesta" por parte de la Administración, contando para este fin con el consejo de Táboas. En junio de 2016, Comas renunció voluntariamente a la asesoría en materia urbanística en Cercs.

Mail de Roger Comas al juez Manuel Táboas

Conflicto urbanístico

En el caso actual, el consistorio concedió en 2003 una licencia de obras para levantar un bloque de pisos, pero el permiso fue anulado tras un juicio incoado por la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat de Cataluña.

El órgano municipal abrió un expediente por lesividad contra el interés público, pero no efectuó ninguna actuación ulterior ni propuso ningún ofrecimiento a la empresa perjudicada. A fecha de hoy, la institución retiene en las arcas municipales las tasas de la misma. Se trata de una cantidad de 38.650 euros en la fecha del pago, más los intereses devengados tras diecisiete años de marasmo judicial; a esta cifra habría que añadir la compensación económica fruto del expediente de lesividad, si se diera el caso. Ello, pese a las reiteradas peticiones efectuadas por la privada basándose en la resolución que anuló la autorización urbanística.

El papel de Táboas

Para más inri, la promotora denuncia que la única actuación municipal ha sido intentar repercutir sobre los dueños de la finca el coste de las obras de demolición que debían de haberse realizado. El caso lleva empantanado con una cadena de contenciosos en los que uno de los magistrados que lo ha juzgado ha sido, precisamente, Manuel Táboas.

En el centro del conflicto, siempre según la versión de la mercantil, se halla una estrategia planteada entre la Administración con la colaboración del juez del Alto Tribunal catalán. Como prueba de ello, la empresa esgrime el correo electrónico de Comas, así como una hoja de ruta que el abogado confeccionó diez días después de su entrevista con el magistrado. Grup Cercs 4 ve en ambos procedimientos un hilo de continuidad basado en la similitud material de las causas y en las relaciones del magistrado con el letrado del ayuntamiento, que ahora piden que se esclarezcan ante el Consejo General del Poder Judicial.