Colau usa el Covid para adjudicar a dedo 10,7 millones de su ‘tuneo’ urbanístico

Los mismos interlocutores destacan que la inmensa mayoría de estos contratos urgentes “son de suministros y servicios, no de obras”. De los 765 expedientes que se han iniciado desde el inicio del ejercicio en el consistorio --362 en el ayuntamiento y los 403 restantes de entidades municipales-- solo 24 corresponden a trabajos concretos. Seis son licitados de forma directa; uno de carpintería para adaptar espacios municipales de trabajo y varias actuaciones preCovid-19. Se encargaron sin concurso público cinco iniciativas para reparar los desperfectos que el paso del temporal Gloria dejó en el Port del Fòrum a finales de enero.

Ada Colau, usó la vía de la urgencia para adjudicar contratos a dedo / CG

Adjudicaciones a Brothers Control

Las iniciativas bajo la lupa que están gestionadas de forma directa por el consistorio ascienden a 1,84 millones. Es el montante de tres contratos firmados por la gerencia del arquitecto jefe municipal --Xavier Mantilla, que responde ante Janet Sanz-- y que tuvieron un mismo destinatario, la empresa Brothers Control SL. Esta compañía radicada en el municipio de Caldes d’Estrac ya propició las críticas de los agentes sociales de la seguridad privada.

Tal y como adelantó Crónica Global, sindicatos y patronales cuestionaban que se tuviera que negar la apertura de un concurso público y se optase por un colaborador habitual del ayuntamiento para reforzar a la Guardia Urbana durante los cortes de tráfico que se realizan los fines de semana en la ciudad. Enervó especialmente por la cuantía de la concesión, ya que resultó una de las más elevadas del sector. Además, derivó en una denuncia que investiga la Fiscalía Antifraude. 

El ‘coladero’ de BIMSA

El grueso de las contrataciones que se escudan en la emergencia del coronavirus y se han puesto en duda salen de Barcelona d’Infraestrucutres Municipals (Bimsa), la empresa pública también presidida por Janet Sanz y gestionada por Àngel Sánchez Rubio, imputado por la Audiencia Nacional en el marco del caso 3%.

Janet Sanz, presidenta del Consorcio del Besòs y segunda teniente de alcalde de Barcelona / EFE

El montante de todas ellas asciende a los 8,7 millones de euros e incluyen cuestiones como montajes y desmontajes de estaciones del Bicing, adquisición de los famosos bolardos de ciertas calles o la pintura que se usó para limitar el espacio de los coches. Entre los adjudicatarios hay desde grandes compañías como CESPA, Sorigué o Escofet 1886 hasta ingenieros a título individual, como Jorge Mercader, Jordi Sala o Juan Javier Martínez, entre otros. 

Completa el dispendio municipal para ejecutar los proyectos de urbanismo táctico otra adjudicación de emergencia que llevó a cabo el Institut de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV), encabezado también por Xavier Mantilla. Se trata de un contrato menor, de poco más de 85.000 euros, que está asociado a los proyectos ejecutados desde Bimsa, tal y como apuntan desde el Ayuntamiento de Barcelona.

¿Emergencia del ‘urbanismo táctico’?

Las fuentes internas, que reclaman el anonimato, cuestionan cómo se ha justificado la emergencia de los 10,7 millones de euros adjudicados a dedo. Mantienen que la limitación del coche privado en Barcelona no es una política derivada de la crisis del coronavirus, sino un objetivo político lícito del partido de la alcaldesa, pero que requiere otro tipo de recorrido administrativo para que se pueda llevar a cabo.

Los polémicos bloques de hormigón que el Ayuntamiento de Barcelona, dirigdo por Ada Colau, ha instalado en Consell de Cent / EP

Recuerdan que la barra libre en los contratos de urgencia del Covid-19 que se habilitó desde el Gobierno era para que todas las administraciones se dotaran de herramientas y equipos básicamente de protección para poder desarrollar su servicio a la ciudadanía con todas las garantías higiénicas y de seguridad necesarias para frenar la expansión de un virus desconocido. Pero expulsar los vehículos de una ciudad no es exactamente una iniciativa que esté relacionada con ello.

La necesaria concurrencia pública

En ningún momento dudan de que se pueda aplicar, pero aseguran que en estos casos es necesario convocar concursos públicos. Recuerdan que la última regulación de las concesiones administrativas fue más dura para evitar que se repitieran escándalos del pasado respecto a los destinatarios del dinero público que en Barcelona no se habrían cumplido. Mantienen que no hay indicios de corrupción, pero sí de un uso retorcido de una situación de emergencia para realizar un cambio urbanístico de calado en una ciudad.

Aseguran que las administraciones deben ser muy pulcras en este sentido para evitar que las licitaciones sean pasto de los tribunales. Y, en el caso del tuneo urbanístico de Barcelona, se requerían los preceptivos estudios de impacto de los cambios en la movilidad que se han aplicado y la libre concurrencia entre empresas licitadoras. Se trata de un proceso más lento, pero que sí cumpliría con todas las garantías legales. Y, lo más importante, no sería pasto de los tribunales.