El calvario de una funcionaria que denunció la corrupción de la CUP

Ha vivido un calvario de casi dos años. El motivo: denunciar un caso de corrupción urbanística en Sabadell (Barcelona). Maite Morao, exjefa de Planificación del Ayuntamiento de Sabadell, fue destituida por el entonces concejal y hoy alcalde, Maties Serracant (Crida-CUP), tras oponerse a una concesión municipal que ella no veía ajustada a derecho.

“Me abrieron tres expedientes disciplinarios. He sido declarada persona non grata, han aparecido pintadas en mi casa y me acusaron falsamente en los juzgados”, explica a Crónica Global esta funcionaria de carrera que llevaba 16 años en el consistorio sabadellense. Recientemente incorporada a la Plataforma por la Honestidad, Morao comienza a ver la luz al final del túnel: un juzgado acaba de archivar una denuncia falsamente redireccionada contra su persona presentada por quienes la apartaron.

Todo comenzó en noviembre de 2015, cuando Morao puso en conocimiento del entonces alcalde, Juli Fernández (ERC), las presiones recibidas para autorizar la tramitación de una concesión administrativa impulsada desde la concejalía de Urbanismo y que ella consideraba que no se ajustaba a derecho.

Can Balsach

Según Morao, sus superiores directos, el concejal Maties Serracant y la directora de Urbanismo, Margarita López-Nieto, presionaron al cuerpo técnico para que emitiera un informe favorable a la cesión gratuita de Can Balsach para poder adjudicar su uso al Casal Popular El Tallaret. El rechazo de la arquitecta se basaba en que esos suelos habían sido expropiados a cargo del presupuesto municipal para ser destinados a equipamiento público deportivo, y no para el uso privado de un colectivo político o asociativo.

El alcalde de Sabadell, Maties Serracant / AJUNTAMENT DE SABADELL

El alcalde de Sabadell, Maties Serracant

Morao fue destituida. Pero lo peor estaba por llegar. El partido de Serracant (entonces, L’Entesa; ahora, Crida-CUP) incluyó a Morao en una denuncia presentada dos años antes contra dos departamentos municipales por presuntas irregularidades en Ca n’Alzina.

La petición de imputación consistía en afirmar que Maite Morao, en su calidad de responsable de Urbanismo, había dado luz verde a un plan especial que permitiría legalizar la hípica de Ca n’Alzina. La Crida alegó que, gracias a su voto desfavorable y al de toda la oposición en bloque, el pleno municipal impidió que el proyecto prosperara.

Un informe muy duro

Morao asegura que ni ella era la jefa de Urbanismo ni autorizó ese plan especial. “Al contrario, mi equipo y yo firmamos un informe durísimo en contra, pese a la oposición de la que entonces era la verdadera jefa de Urbanismo, de manera que nunca se llevó a pleno su aprobación, sino su denegación, que se produjo por mayoría absoluta, incluso con el voto favorable de La Crida”, explica.

tallaret casal sabadell

Cartel en defensa de la creación del casal popular El Tallaret / CG

El jueves pasado, el Juzgado de Instrucción 4 de Sabadell archivó la causa sobre Ca n’Alzina contra Morao. Ese mismo día, otro juez interrogaba a testigos sobre el caso Can Balsach que también denunciaron las coacciones.

Plataforma por la Honestidad

Esta arquitecta sigue de baja ya que sus médicos creen que todavía no está preparada para reincorporarse a su puesto de trabajo. “Al igual que otros denunciantes de corrupción, he sufrido represalias. Te aíslan, te tratan como a un apestado”, explica.

Morao ha gastado los ahorros familiares en su defensa y en las denuncias que ha presentado. “Tenemos dos hijos y para mí, utilizar lo que teníamos ahorrado para sus estudios y lo que todavía nos queda por pagar, es muy triste, pero al mismo tiempo somos unos afortunados por poder hacerlo, mientras que otros denunciantes se encuentran en situaciones económicas de verdadera necesidad por hacer frente a las costas de los abogados. Las de los corruptos corren a cuenta de todos”.

Mediante su incorporación a Plataforma por la Honestidad —lo hizo de la mano de Ana Garrido, denunciante del caso Gürtel—, está dispuesta a luchar por la protección de quienes desvelan delitos cometidos por cargos públicos. “Nuestro objetivo no es criminalizar a ningún partido, sino denunciar a quienes cometen delitos. Los partidos deberían hacer lo mismo en lugar de taparlos”, finaliza Morao.