Oscar Pierre, cofundador de Glovo, saliendo de declarar de la Ciudad de la Justicia de Barcelona
El 'niño prodigio' del delivery, en apuros con la justicia
Glovo, la startup catalana que se convirtió en unicornio, esto es, que superó los 1.000 millones de valoración, empezó al año renqueante, pues declaró la previsión de perder unos 209 millones de euros. La cifra era inferior a los más de 400 millones que se dejó en 2022, cuando el conglomerado alemán Delivery Hero compró el 94% de la empresa que crearon los emprendedores Óscar Pierre y Sacha Michaud.
Pero el annus horribilis de Glovo apenas acaba de comenzar. La compañía se enfrenta a sanciones millonarias por mantener a sus riders o repartidores como autónomos y no como asalariados, por lo que su nuevo dueño le ha rebajado el valor a poco más de 500 millones.
En algunos casos, la firma ha tenido que presentar avales para evitar el pago de las multas, lo que ha puesto "en riesgo" su actividad.
El último castigo llegó desde Italia, donde se impuso una sanción de cinco millones a Glovo por quebrar la privacidad de cerca de 35.000 colaboradores.
En la sede central teutona tampoco ha sido un ejercicio normal. Delivery Hero ha tenido que provisionar cerca de 400 millones de euros por un expediente en materia de competencia que podría terminar en sanción de las instituciones comunitarias. En el marco de esas pesquisas, hubo un registro en la sede central de Glovo en el distrito 22@ de Barcelona.
Y es que la peor parte, no obstante, se la ha llevado la participada española de Delivery. La Fiscalía la denunció ante un juzgado de Barcelona, que comenzó a investigar a Glovo de oficio. Tras ello, el sindicato CGT se personó en la causa. El asunto persigue dirimir un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, que acarrea penas de hasta seis años de cárcel.
Tenga que ver o no, a principios de diciembre, y antes de que el cofundador de la tecnológica acudiera a declarar ante el juez, la enseña anunció que contrataría a sus colaboradores como trabajadores por cuenta ajena. La decisión, muy esperada por los sindicatos, resultó en un trompazo en bolsa de su matriz centroeuropea.
Esa decisión aligeró parte de la carga con la que se presentó Óscar Pierre ante el magistrado a mediados del último mes del año. El emprendedor quitó hierro a la decisión y aseguró que buscaba evitar "peleas" con la Inspección de Trabajo. En cuanto al caso penal, el directivo defendió el modelo de autónomos y negó mala praxis.
Casi pegada a la declaración judicial de Pierre, otro rider autónomo murió en Madrid atropellado por un conductor, lacerando aún más la imagen de la compañía.
El daño, pues, ya está parcialmente hecho. Una empresa indiscutiblemente exitosa como Glovo ha laminado parte de su reputación al empecinarse a trabajar con autónomos y no siguiendo la normativa laboral que sigue el resto de mercantiles. Finalmente, la empresa ha rectificado su curso, arriesgándose a ceder unos 100 millones de euros de su resultado operativo como consecuencia del cambio de modelo in extremis.
En paralelo, la justicia debe determinar si hay mimbres de reproche penal en la actuación de Glovo durante los años precedentes. La parte social sostiene que sí lo hay, aunque el papel central, casi decisivo, lo jugará la Fiscalía.
De una manera u otra, la empresa emergente que cambió las reglas del delivery y entró a competir con los grandes desde Barcelona se halla embarrancada en un marasmo legal. Salir de ella indemne o no dependerá de la estrategia de la compañía y de colaboración -ahora sí- con las administraciones.
Óscar Pierre, epítome del emprendimiento en Cataluña, ha terminado sometido a la legalidad vigente, recuerdan los economistas. La diferencia estriba en que si lo hubiera hecho desde un inicio, quizá le hubiera costado menos a la empresa que creó.
