El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el mitin final de campaña de las elecciones europeas celebrado en Collioure (Francia)
Carles Puigdemont
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El embrollo jurídico en el que se ha metido el Gobierno impulsando la amnistía del procés a cambio del apoyo de sus socios parlamentarios secesionistas de Junts y ERC tampoco le está dando el rédito que esperaba en el ámbito político. Ni siquiera en Cataluña, donde los beneficiarios de tales medidas -entre ellos, el prófugo Carles Puigdemont- parecen dispuestos a hacer todo cuanto esté en sus manos para evitar que el ganador de las elecciones autonómicas, Salvador Illa, sea investido presidente de la Generalitat.
Puigdemont, cuyo partido quedó segundo en dichos comicios, no desiste en su empeño de aprovechar la coyuntura para recuperar el cargo que perdió después de protagonizar el golpe a la democracia de octubre de 2017 y fugarse a Bélgica. Hasta el punto de parecer dispuesto a ir a una repetición electoral si no logra su objetivo. Un escenario que ERC no vería con malos ojos -a pesar de sus pésimos resultados- si los posconvergentes se prestan a reeditar una candidatura independentista conjunta, como ocurrió en 2015.
En todo caso, el anuncio de Puigdemont de regresar cuando se lleve a cabo la actual investidura no deja de ser un brindis al sol. Más aún teniendo en cuenta las numerosas veces que ha incumplido ya esta misma promesa de volver en otras ocasiones. A la hora de la verdad, mientras vea el riesgo de ser detenido en España -que aún persiste, a pesar de los empeños del Gobierno de Pedro Sánchez de solucionar sus problemas legales dándole la impunidad desde el Ejecutivo- eso no se producirá. Otra cosa será si la polémica Ley de Amnistía supera todos los filtros legales y jurídicos, incluidos los de la UE. Algo que también parece bastante poco probable.
