Artur Mas
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Artur Mas ha dado muestra de un realismo inaudito al tirar la toalla en su causa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ha decidido dejar pasar el plazo que tenía para presentar un recurso de amparo frente a su condena por organizar la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre de 2014. Y se ha quedado con las ganas de intentar salirse con la suya.
Llegar a la conclusión de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de marzo de 2017 por desobediencia en su contra es sólida es un extremo razonable. Recibió el correctivo judicial cuando ya no presidía la Generalitat y se le impuso una pena de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, un plazo que ya ha terminado.
También fue condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 4,9 millones de euros por la responsabilidad contable en la que incurrió por organizar la votación con dinero público en una causa paralela.
Mas siempre había mantenido que desviar recursos públicos a la celebración de esta votación ilegalizada, anterior a la del 1 de octubre, era un acto democrático que iba a defender ante la última instancia judicial europea. Así que se debe reconocer la enmienda a la totalidad que, con su renuncia, ha hecho respecto a su discurso. Lástima que haya tardado 10 años en asumirlo.