El director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes
Samuel Reyes
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La Generalitat de Cataluña ha pactado con el Estado el modelo de financiación de la nueva desalinizadora de la Tordera, una ampliación que estará operativa en 2030. La inversión se articulará a través de un préstamo a 30 años que deberán costear los abonados a través del recibo del agua.
No hay dudas de que la medida llega tarde y mal: la grave sequía que asola Cataluña no hallará infraestructuras creadas a tiempo para mitigar la falta de lluvias debido al parón inversor de la Agencia Catalana del Agua (ACA), presidida por un Samuel Reyes que, además, ha sido denunciado por Ecologistes de Catalunya por avalar la reducción de caudales ante la emergencia por falta de agua y dañar el ecosistema de los ríos Ter, Muga y Llobregat.
Pero bienvenida sea una planta que aprovechará el agua marina para abastecer el área metropolitana de Barcelona, la principal región de consumo en la comunidad. A la vista de las previsiones sobre la evolución del clima, esta infraestructura será necesaria sí o sí en el futuro.
