Más de medio millón de euros tan sólo en 2023 y de tres millones en los últimos cinco años. Esa es la ingente cantidad de dinero público que la Generalitat de Cataluña ha destinado a subvencionar a una de las entidades que más ahínco dedica a intentar erradicar el uso público del castellano en los espacios públicos: Plataforma per la Llengua.

Bajo el pretexto de fomentar los "derechos lingüísticos" de los catalanohablantes, esta entidad ultranacionalista se ha hecho tristemente célebre por sus innumerables campañas de acoso y delación lingüística en todos los ámbitos de la sociedad: desde el señalamiento de empresas y comercios hasta a trabajadores o enfermeras, así como por espiar la lengua en que hablan los niños en los patios de las escuelas, entre otras actividades similares. 

La última víctima de la entidad presidida por Òscar Escuder ha sido ahora una ONG dedicada a defender nada menos que los derechos de la infancia: Save the Children. Y todo, por el hecho de que un teleoperador telefónico de fuera de Cataluña le habló en castellano a una catalanohablante que se negaba a cambiar de idioma. Algo a lo cual se ha sumado en las últimas horas otro acto intimidatorio más: la amenaza de Plataforma per la Llengua de llevar a cabo escraches en Bruselas para exigir la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE).

A pesar de semejante currículum, y por increíble que parezca, Plataforma per la Llengua continúa siendo una de las entidades preferidas del Govern a la hora de destinarle dinero público: incluso por la vía de los Presupuestos autonómicos, aprobados con el apoyo del PSC en el caso de los de 2023.

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