Plataforma per la Llengua, la entidad subvencionada por la Generalitat de Cataluña célebre por sus campañas de delación lingüística y de acoso a la lengua castellana, también se dedica ahora a señalar a periodistas que no comulgan con el nacionalismo gobernante en la autonomía.
Así ha ocurrido este jueves, en el que se ha dedicado a acusar falsamente a la veterana periodista Rosa Cullell --colaboradora de Crónica Global-- de mostrar "un claro discurso de odio contra los catalanohablantes" por el simple hecho de cuestionar la marginación del castellano en hechos como la inmersión lingüística monolingüe obligatoria en catalán en el sistema educativo de Cataluña.
"Bullying al español"
En su artículo titulado "Bullying al español", publicado en The Objective, la periodista señalaba realidades como que "hoy, en Cataluña, sólo hay un idioma oficial discriminado: el castellano. Está en inferioridad de condiciones en la escuela, la universidad y la Administración".
Plataforma per la Llengua, señalando a la periodista Rosa Cullell
Dicha constatación ha indignado a los espías del catalán, que acusan al Cullell de "sostener un ordenamiento supremacista cuando los grupos subordinados lo cuestionan: el grupo dominante acostumbra a invertir los roles y asumir el papel de víctima".
La entidad quiere sumarse al expediente sancionador contra una enfermera
En su largo hilo, Plataforma per la Llengua aprovecha la ocasión para insistir en su campaña de linchamiento contra una enfermera andaluza del Hospital Vall d'Hebron acosada desde el nacionalismo por haber criticado la exigencia del nivel C1 de catalán para poder opositar en Cataluña. Razón por la cual ahora han "pedido ser parte en el expediente sancionador anunciado por el conseller Manel Balcells" contra la trabajadora.
Plataforma per la Llengua, anunciando su deseo de sumarse al expediente sancionador contra una enfermera andaluza / TWITTER
En este sentido, cabe destacar que Plataforma per la Llengua es una entidad generosamente subvencionada por el propio Govern catalán, que en sus Presupuestos de 2023 le dedica 516.000 euros. Tan sólo en el último lustro, la Generalitat le ha concedido tres millones de euros.
Vigilancia en los patios y denuncias ciudadanas
La actividad de Plataforma per la Llengua --cuya finalidad dice ser “la promoción del catalán como herramienta de cohesión social”-- abarca un sinfín de ámbitos: desde alentar y recoger quejas contra empresas y trabajadores, tanto del sector público como del privado, que no utilizan este idioma --célebres fueron sus lamentos por la contratación de enfermeras andaluzas en Cataluña en plena crisis sanitaria del Covid--, hasta tratar de imponer que los niños se comuniquen catalán en los patios de las escuelas, pasando por la elaboración de estudios, como su informe de “quejas y discriminaciones lingüísticas”, o el llamado InformeCAT de 2021. En este último se censura y se afea, por ejemplo, que “8 de cada 10 catalanohablantes de Cataluña cambian de lengua cuando alguien les habla en castellano”.
En su memoria de 2021, la autodenominada “ONG del catalán” evidencia que su radio de acción va más allá de Cataluña, pues alcanza a otros territorios. Su pancatalanismo le lleva a alardear de hechos como que Mahón “haya abandonado su topónimo castellanizado”; de los trámites de modificación de las leyes de consumo de las comunidades de Valencia y Baleares --donde también fomenta campañas de “normalización lingüística” mediante “denuncias” ciudadanas--, o el envío de cartas a diputados de la Asamblea Francesa para que “protejan” otras lenguas en su territorio.
Defensa de la inmersión monolingüe en catalán
Una de las grandes fijaciones de esta entidad ultranacionalista es el ámbito educativo, donde desde la plataforma Som Escola lucha contra lo que llama “ataques el modelo de inmersión lingüística” monolingüe obligatoria en catalán, en alusión a las sentencias judiciales firmes que instan a impartir al menos un 25% de clases en castellano en Cataluña.
La influencia de Plataforma per la Llengua en la enseñanza de esta autonomía bilingüe llega al punto de poner en marcha campañas --en plena sintonía con la Generalitat-- para “defender” lo que llama “modelo de escuela catalana y concienciar a los diferentes agentes de la comunidad educativa en su papel de referentes lingüísticos” (sic). Una actividad que lleva a cabo, con la complicidad de la Consejería de Educación, junto a los sindicatos secesionistas USTEC, SEPC e Intersindical. Según sus cifras, en 2021 obtuvieron “30.000 adhesiones” al mismo.
En la misma línea, la autodenominada “ONG del catalán” reparte “material didáctico” al profesorado de secundaria y bachillerato para que sigan sus dictados.
Fomento de las delaciones en la universidad
En el caso de las universidades, la intromisión de Plataforma per la Llengua es tal que incluso promueve campañas de delación para que los alumnos denuncien a los profesores que cambian de idioma cuando el catalán es la lengua del plan docente --poniendo a su disposición un buzón de quejas para ello--. Y también presume de “intervenir en las elecciones” de la UB, la UAB, la UPF, la UPC y la UIB “para que los nuevos equipos rectorales adopten" sus "compromisos lingüísticos”.
Cartel de la campaña "no me toques la lengua" en el campus de la UAB
"Transformar los hábitos lingüísticos de la población"
Otro de los objetivos de esta entidad es la puesta en marcha de “planes de actuación lingüística” en zonas metropolitanas --de mayoría castellanohablante-- para “transformar los hábitos lingüísticos de la población”. Y su firme propósito --compartido por los mandatarios secesionistas de la Generalitat-- de influir e escala internacional: según afirma, el Consejo de Europa usa sus observaciones “para recriminar a España la discriminación del catalán”; así como participar en foros “que ofrecen conclusiones a la ONU sobre el respeto a las minorías”.
Intromisión en el comercio
Plataforma per la Llengua también se ocupa de ámbitos como el libre comercio, pues en su última memoria anual presume por ejemplo de “revelar cuáles son las cadenas de restaurante lingüísticamente más responsables” --gracias a su aplicación de delación lingüística CatalApp-- y de que “los principales gimnasios tengan la web en catalán”, desvelando uno por uno sus nombres en dicho documento. Además, plantea propuestas a los partidos políticos para que impongan el catalán en plataformas privadas de vídeo como Netflix, HBO o Disney+ mediante “la nueva ley de comunicación audiovisual”.
Otro de los “servicios” de esta entidad generosamente subvencionada en los sucesivos presupuestos de la Generalitat son sus numerosas campañas de “quejas lingüísticas”: más de 2.000, según sus datos, tan sólo en 2021, abarcando no sólo a Cataluña, sino también a las comunidades valenciana y balear. En este punto, Plataforma per la Llengua alardea en su última memoria de haber conseguido “hacer declarar en los juzgados a guardias civiles que discriminaron a un ciudadano belga por hablar en catalán” --según su versión--; de haber llevado a los juzgados a una empresa de seguridad para “hacerle el contrato en catalán a un cliente”; o de estar en litigios como el que mantiene con la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) para seguir imponiendo que los exámenes de selectividad sean sólo en catalán. Su influencia no se limita sólo al Govern, como demuestra el hecho de que Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) haya rectificado una convocatoria de 250 plazas de conductores para exigirles “el conocimiento del catalán”.