Joan Planellas

No se puede negar que el arzobispado de Tarragona ha intentado mover ficha tras comprobar que uno de los religiosos de su comunidad, Manuel M. Fuentes, agredió sexualmente a como mínimo un menor de edad hace 30 años. Este tiempo libra al acusado de tener que responder de la violación ante un tribunal. Ahora, deberá apartarse de la vida pública y pedir perdón a la víctima.

Quizá suena a poco como reparación del daño que ha hecho, pero ni el Vaticano es más contundente a la hora de hacer frente a los numerosos casos de pederastia a los que debe hacer frente. Preguntarse si en 30 años nadie en Tarragona notó ningún comportamiento extraño entre Fuentes y los pequeños feligreses es otra cuestión que se debe plantear. Evitar que los abusos se repitan es el único camino posible.