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La asociación Veins i Anfitrions de Barcelona, en una protesta anterior para regular su actividad / CG

Los usuarios de Airbnb contraatacan a las denuncias de pisos turísticos ilegales

La asociación de anfitriones critica "el ambiente de sospecha" tras una carta de Colau animando a los ciudadanos a colaborar en la lucha contra la economía sumergida

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Los usuarios de plataformas electrónicas como Airbnb o HomeAway en Barcelona contraatacan. El colectivo ha iniciado una campaña de buzoneo para contrarrestar la iniciativa municipal para multar a los propietarios de pisos turísticos ilegales en la Ciudad Condal, que hasta ahora se ha saldado con unos 1.200 expedientes. En la misiva repartida en miles de bloques de viviendas de la capital catalana a partir del lunes, los vecinos cargan contra una carta enviada por el gobierno municipal, que invita a reportar los pisos ilegales para turistas.

"Creemos que [la carta] incita peligrosamente a la marginación social y contribuye a un ambiente de sospecha propio de tiempos pasados", indica el documento, que firma la asociación Veins i Anfitrions.

"No es ilegal"

Según la entidad, que aglutina a unos 600 vecinos que usan las puntocom para acoger a turistas en la segunda mayor ciudad española, "compartir casa no es una actividad ilegal".

Veins i Anfitrions alega que alquilar una o dos habitaciones --el máximo establecido por su código de conducta-- les permite "seguir pagando el alquiler o hipoteca y evitar desahucios teniendo en cuenta la crisis de nuestros días".

Alegaciones al decreto de turismo

La acción del lunes, coordinada con la etiqueta en Twitter #NoAlesDenunciesEntreVeins (No a las denuncias entre vecinos), se sumará a otra iniciativa el miércoles. La asociación presentará alegaciones al proyecto de regulación de turismo del Cataluña que prepara la Generalitat.

Veins i Anfitrions se queja de que el texto --aún en tramitación-- no separa a usuarios profesionales de los que comparten sólo una o dos habitaciones de su hogar.

"Son unas 4.000 personas en toda Barcelona, y considerar su actividad como un negocio supone un agravio comparativo y dobles cargas fiscales. Deseamos una regulación como la que ya existe en Estados Unidos o algunas ciudades de Europa", ha valorado Damáris Rojas, portavoz de la entidad.