Imagen de una planta de tratamiento de aguas en Cataluña / EFE

Imagen de una planta de tratamiento de aguas en Cataluña / EFE

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Nuevo lío en las aguas catalanas

El Área Metropolitana de Barcelona abre una nueva polémica con la Generalitat de Cataluña al intentar dejar sin efecto la subida de tarifa de ATLL

4 marzo, 2018 00:00

La gestión de las aguas en Cataluña es pasto de conflictos. El último tiene como foco la empresa mixta que se encarga de gestionar el agua del área metropolitana de Barcelona y parte de la otra gran polémica del sector, la de Aigües Ter Llobregat (ATLL).

El responsable de Medio Ambiente de la institución que gobierna 36 municipios, Eloi Badia, anunció este viernes que dejaría de pagar el incremento del 11,88% de la tarifa de agua en alta (la que hace ATLL). Abría así el enésimo pulso que mantiene por la gestión del servicio del agua. En este caso, con la Generalitat. El concejal de BComú aseguró que ya la Agencia Catalana del Agua (ACA) había anunciado su intención de anular la revalorización del coste de ATLL, una de las partes de la factura del consumidor final, no era necesario incluirla en la propuesta tarifaria de los municipios para el ejercicio en curso. Fuentes de la empresa del Gobierno catalán y jurídicas matizan esta apreciación.

Vigencia de las tarifas

Desde el ACA recuerdan que se comprometieron a dejar sin efecto la subida del coste del servicio hace una semana. Se adquirió en el marco de en un encuentro con las entidades municipalistas más representativas del territorio. La Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios, históricamente próximas al PSC y al PDeCAT, respectivamente.

Pero la decisión se deberá tomar formalmente en un encuentro del Consejo de Red del ACA que aún no se ha convocado. No se ha planteado ni de forma informal en la agenda de Jordi Agustí, director de la empresa pública.

Jordi Agustí, director de la Agencia Catalana del Agua (ACA) / GENCAT

Jordi Agustí, director de la Agencia Catalana del Agua (ACA) / GENCAT

Jordi Agustí, director de la Agencia Catalana del Agua (ACA) / GENCAT

Mientras no se ejecute, estará vigente el canon del agua en alta que se aprobó el 27 de diciembre a propuesta de Acciona, la gestora del servicio provisional. Es decir, el incremento del 11,88%.  

Conformación del nuevo Govern

Cabe tener en cuenta que cualquier decisión sobre el futuro de ATLL está supeditada al nuevo Gobierno catalán. Es el consejero de Territorio quien deberá ordenar al ACA la creación de una nueva sociedad, previsiblemente de titularidad pública, que tome el testigo a la cotizada de los Entrecanales. Mientras no ocurra, la multinacional mantendrá la gestión.

Agustí puede acogerse a la sentencia del Supremo para dejar sin efecto el incremento de la tarifa aprobado hace algo más de un mes. Aseguró entonces que nadie podía tomar la decisión política de congelarla por la vigencia del artículo 155 en Cataluña. Este escenario no ha cambiado, y aunque el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, se haya mostrado optimista este sábado en cerrar un acuerdo de investidura la próxima semana, la decisión de la CUP de abstenerse en la votación enreda la proclamación de un nuevo president.

Fórmula de la revisión

Si el escenario se prolonga, será finalmente el propio director del ACA el que tomaría la decisión política que evitó en diciembre. Amparado eso sí, por la sentencia del Supremo que confirma la anulación de la concesión. Cuando ello ocurra, será básico la fórmula que use.

Fuentes jurídicas indican que se puede aprobar una simple modificación a la baja de tarifa de ATLL o anular la revalorización anterior, una revisión del procedimiento en el que se debería pedir expresamente la devolución de los ingresos percibidos de forma indebida con carácter retroactivo. Si no se hace de esta forma, Acciona se podría quedar lo que ha facturado de más por los servicios de ATLL desde el 1 de enero hasta el día en el que el consejo del ACA tome la decisión.

Nuevos conflictos judiciales

Las mismas fuentes añaden que lo más rápido desde el punto de vista administrativo es proponer una nueva revisión de la tarifa. La anulación y petición de reembolso de ingresos deberá de estar fundamentado. De lo contrario, podría generar un nuevo frente judicial con Acciona.

Recuerdan que una tarifa de agua es un tributo exigible y que nadie puede dejarla de pagar de forma unilateral. Cuestión que también sería pasto de conflicto en los tribunales. “Alguien debe pagar la tarifa”, añaden.  

Propuesta de la empresa mixta

Badia asegura que no será el AMB porque considera que la concesión de ATLL ya no está vigente y que este argumento es suficiente para anular también la revisión de la tarifa. La administración controla el 15% de la empresa mixta que se encarga del servicio y ejerce de regulador. El 85% restante está en manos del grupo Agbar y la propuesta de tarifas de agua que ha presentado esta compañía va en otro sentido.

El concejal de Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, valora la sentencia sobre ATLL / CG

El concejal de Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, valora la sentencia sobre ATLL / CG

El vicepresidente de Medio Ambiente del Àrea Metrpolitana de Barcelona (AMB), Eloi Badia / CG

Es más conservadora y pide subir el precio del servicio un 3,4% --la afectación a la factura final del coste más alto del agua que viene de ATLL-- hasta que el ACA rebaje el coste del servicio. Se compromete a repercutirlo de forma inmediata a los consumidores en el mismo momento en que entre en vigor.

Comisión de Precios

Tanto el AMB como la empresa mixta que se encarga del servicio han remitido sus propuestas sobre cuál debe ser el coste real del agua a más de tres millones de personas de Barcelona y su área de influencia a la Comisión de Precios de la Generalitat. El órgano se ha convertido de este modo en el árbitro del enésimo lío en las aguas catalanas.

Mientras, ya se ha facturado el consumo del agua de los dos primeros meses del año. Y las facturas incluyen el incremento del 11,88% de ATLL. Al final, la desviación para los consumidores es de céntimos. La rebaja del 1,65% que propone Badia tiene un impacto de casi siete euros anuales en la factura final