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Uno de los juicios del caso BPA / EFE

El juicio del caso BPA, pendiente de resolver las dudas de la instrucción

Las defensas piden no incorporar documentación y escuchas procedentes de causas españolas, pero la fiscalía apela a convenios internacionales

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Las defensas de los procesados en la causa general del caso BPA expondrán este miércoles las anomalías que han detectado durante la instrucción y, en ese momento, la vista se detendría.

El juicio sobre el fondo de la cuestión se reiniciará una vez se hayan resuelto las dudas planteadas y cerrado las incidencias de relevancia penal, según ha explicado el presidente del Tribunal de Corts, Enric Anglada, en declaraciones que publica Altaveu. La reanudación podría demorarse incluso meses.

Riesgo de "indefensión"

Anglada ha indicado este martes que los magistrados responderán todas las cuestiones planteadas por las defensas, y no esperarán a resolverlas al final del juicio. A su modo de ver, esto es así porque, como ha expuesto el abogado Jesús Jiménez, si se mantienen en el sumario elementos que consideran que no deberían figurar "se estaría haciendo un juicio ilegal", o bien dejando "en indefensión a las partes", según ha indicado el también abogado Joan Pau Miquel.

Así, una vez acabe la exposición de cuestiones previas este miércoles, la causa se detendrá y los magistrados analizarán lo dicho por defensas y acusaciones para que hagan las actuaciones que consideren pertinentes. Si hubiera algún recurso, la sala esperará su resolución.

Presunta manipulación de actas

La segunda jornada de juicio de este martes volvió a tratar asuntos como la presunta manipulación de las actas del comité de prevención de blanqueo. Y también cómo incorporar a las causas penales las escuchas telefónicas y otros elementos susceptibles de suponer una intromisión en la intimidad de los investigados.

Entre los elementos de prueba figuran escuchas y documentos procedentes de causas españolas sobre los que la Justicia andorrana no ha tenido control. Las defensas consideran que, al no haber una ley andorrana que fije cómo incorporar estos documentos que afectan a la intimidad, no se pueden incorporar a la causa. El fiscal, en cambio, sostiene que los convenios internacionales firmados por el país tienen aplicación directa.