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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo / EFE

El Gobierno renuncia a regular los precios de los alquileres pero prepara un índice de referencia

El consejo de ministros aprueba la limitación de las subidas anuales de todos los contratos de alquiler al incremento del IPC

01.03.2019 15:14 h. Actualizado: 01.03.2019 15:17 h.
5 min

El consejo de ministros ha aprobado hoy un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler en el que renuncia a regular el precio de los alquileres --como reclamaba Podemos-- pero prepara un índice de referencia nacional --sin definir sus implicaciones futuras-- y limita las subidas anuales de todos los contratos al incremento del IPC.

La nueva normativa también establece medidas fiscales para estimular la oferta como habilitar el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, bonificar en el IBI la vivienda protegida en alquiler y eliminar el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual. Sin embargo, finalmente no contempla la bonificación del 80% del IBI para el alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda.

Sistema de índices de referencia

El real decreto-ley da un plazo de ocho meses para desarrollar "un sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler para mayor conocimiento del mercado y para servir de soporte a posibles medidas de política fiscal".

Además, añade la nueva normativa, "las CCAA podrán elaborar sus propios índices para el ejercicio de sus competencias en materia de política de vivienda. Estos índices estatales, ni los que puedan desarrollar CCAA y ayuntamientos, en ningún caso habilitan a éstos para establecer sistemas de regulación de los precios de alquiler".

Aumenta la prórroga a cinco años

Por otra parte, para dotar de mayor seguridad y certidumbre al inquilino, el decreto amplía a cinco años (siete, si el arrendador es persona jurídica) la prórroga de la duración del contrato frente a los tres actuales; se amplía la prórroga tácita (si ninguna de las partes dice nada transcurridos los cinco o siente primeros años) de uno a tres años, y se aumenta a dos meses para el inquilino y cuatro meses para el arrendador el plazo de preaviso previsto para no renovar el contrato.

También se da validez a los contratos de alquiler aunque no estén inscritos en el Registro de la Propiedad y se favorece el acuerdo entre las partes para la realización de mejoras durante la vigencia del contrato permitiendo, en este caso y de forma pactada, el incremento de la renta durante el resto del contrato.

Desahucios y subrogaciones

El decreto recoge medidas orientadas al apoyo de los grupos más vulnerables, especialmente aquellos que se enfrentan a situaciones de desahucio. En este sentido, se mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad, se obliga a señalar el día y la hora del desahucio, y se limitan las garantías adicionales a dos meses. 

También se "blinda" la posibilidad de subrogación, en caso de fallecimiento del inquilino, en favor de colectivos vulnerables (menores, discapacitados, mayores de 65 años). 

Pisos turísticos

En relación a la vivienda turística en comunidades de propietarios, se introduce la posibilidad de que por acuerdo de una mayoría de 3/5 de propietarios (actualmente, es por unanimidad) se pueda limitar o condicionar los pisos turísticos.

Entre estas condiciones se establece la posibilidad de acordar una mayor contribución de estos a los gastos generales (hasta un 20% más).

"Giro social"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha agradecido el apoyo que algunos grupos, como Unidos Podemos o el PDeCAT, han manifestado al nuevo decreto, tras el rechazo del Congreso en enero al primero que aprobó el Gobierno.

Calvo ha subrayado que, aunque son insuficientes, estas medidas pretenden dar un "giro social" a la política de vivienda y consiguen un "equilibrio importante" entre propietarios y arrendatarios para que las viviendas de alquiler sean beneficiosas para los intereses de ambos, en un contexto en el que los ciudadanos españoles tienen la "costumbre" de acceder en propiedad a sus viviendas.