El Gobierno quiere endurecer las condiciones de la jubilación anticipada

El Gobierno de Pedro Sánchez plantea estirar la edad efectiva de jubilación en España. En estos momentos la media se sitúa en los los 63,7 años (62,7 años incluyendo las clases pasivas), cifra que se situará en los 64,5 años en 2027. El objetivo del Ejecutivo es que alcance los 65,5 años en 2048 y, con ello, que se fomente la sostenibilidad del sistema. 

Así se ha hecho saber esta mañana desde la secretaría de Estado de Seguridad Social, encabezada por Octavio Granado, que también ha dejado claro que la edad legal límite para trabajar se mantendrá en los 67 años. Las jubilaciones anticipadas se mantienen como una opción para el trabajador, pero se introducirán ciertos matices que supondrán endurecer las condiciones para poder solicitarla. 

Jubilación anticipada cofinanciada

Granado ha explicado que sólo se dará luz verde a adelantar el retiro siempre y cuando impliquen una mayor cotización en el sistema. Es decir, el Gobierno permitiría acceder a la pensión antes de tiempo a aquellos colectivos que acuerden ingresar mayores cifras a la protección social del Estado. Cerraría la puerta a permitir que se produzca en los casos en que implique un mayor gasto de las arcas públicas sin ninguna compensación. 

La propuesta del Gobierno llega misma semana en que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha puesto sobre la mesa una propuesta para mantener a flote las pensiones. Los expertos señalan que es necesario prolongar la edad del retiro. 

Años cotizados

Otra de las recomendaciones para asegurar la viabilidad de la Seguridad Social era la de extender de 25 a 35 los años de vida laboral para el cálculo de la pensiones. El Gobierno se muestra favorable con respecto a la idea y considera que no debería "producir efectos negativos".

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Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social / EFE

Así se desprende del documento que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha enviado a la Airef con su opinión. Señala que el déficit de la Seguridad Social, que actualmente ronda los 18.000 millones (1,6% del PIB), no tiene únicamente un carácter estructural y que existen elementos coyunturales que explican esta cifra negativa. Señala algunos como el descenso de los ingresos derivado de peores salarios y las menores aportaciones de los desempleados al montante conjunto a causa del cambio normativo de los últimos años. 

Evolución del gasto en pensiones

El Gobierno estima que, en 2048, el 13,4% del PIB irá destinado a sufragar el gasto en pensiones, un dato en el que también coincide con la Airef. El incremento viene provocado, en buena medida, por la subida del número de pensionistas (los babyboomers habrán salido del mercado laboral) y soportado por unas cantidades mayores que percibirán por sus mejores bases de cotización. 

Respecto a la inyección financiera al sistema por parte del Estado, el Gobierno estudiará en el marco del Pacto de Toledo y del diálogo social qué gastos se pueden financiar con cotizaciones o con impuestos, al tiempo que cree que las reformas deberán afectar a otras prestaciones como las de incapacidad o viudedad.