El Estado deja sin ejecutar 17.120 millones en infraestructuras en el último lustro

El déficit de ejecución presupuestaria por parte del Estado dista de ser un problema exclusivo de determinadas Comunidades Autónomas. Los diferentes gobiernos que han desfilado por el palacio de La Moncloa han sido, en general, incapaces de cumplir con una parte razonable de los Presupuestos, especialmente en lo que se refiere a infraestructuras. Sólo en los últimos cinco años, el montante que se ha quedado en el cajón asciende nada menos que a 17.120 millones de euros. 

Y todo apunta a que tales derroteros se van a mantener en este 2022. Los datos de ejecución presupuestaria que ha publicado esta semana la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), correspondientes al primer semestre, refleja que tan sólo se ha invertido un 21% de lo prescrito en el caso de las empresas públicas, localizadas en la mayoría de los casos al área de infraestructuras.

De nuevo, polémica

Una cifra que no difiere en exceso de la que se ha registrado durante los últimos años para los seis primeros meses del ejercicio (siempre por debajo del 25%) y que, aunque se ha producido también de forma frecuente una ligera aceleración durante la segunda parte del año, el resultado final apenas ha superado, en la mayoría de los casos, el 50%.

De nuevo, los números facilitados por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda han sido objeto de polémica por parte de la Generalitat de Cataluña, que una vez más ha denunciado la baja ejecución presupuestaria que padece el territorio en los últimos tiempos, y que considera discriminatoria en relación con el resto de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, el escenario en Cataluña dista de ser demasiado diferente del que presenta el resto de regiones y, por ende, el conjunto del Estado. 

En la primera mitad de 2022, la ejecución presupuestaria por parte de empresas públicas en Cataluña fue de poco más del 13%, ocho puntos por debajo del dato global, de forma que ocupa, en efecto, una de las últimas posiciones, sólo por encima de Andalucía, La Rioja y Castillla y León.

En línea con el Estado

Sin embargo, una perspectiva algo más amplia ilustra una tendencia que se asemeja mucho a la del conjunto del Estado. En el último lustro, la ejecución presupuestaria en Cataluña, en lo que se refiere a empresas y fundaciones públicas, ha sido del 47,2%.

En términos absolutos, este porcentaje supone haber dejado sin ejecutar en los cinco años anterior algo más de 3.200 millones de euros, que representa en torno al 18% de la inversión presupuestada pero no ejecutada en el conjunto del Estado en este periodo.

Una burocracia muy rígida

En general, el Estado llevó a cabo el 53,4% de las inversiones previstas en las cuentas públicas en esta área, es decir, algo más de cinco puntos por encima de la ejecución en Cataluña.

Los expertos apuntan a varios factores a la hora de analizar este escenario; entre ellos, claro está, figura la situación sobrevenida por la pandemia del coronavirus pero, especialmente, un estructura burocrática excesivamente rígida, que hace que los plazos no se cumplan en la mayoría de los casos y los procesos se eternicen.

Al margen de la política

Tras conocerse los datos del primer semestre de 2022, el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, se refirió a un factor “multicasual” para justificar el bajo nivel de ejecución presupuestaria en Cataluña, extrapolable al resto del Estado, y en todo momento negó una motivación política.

En este sentido, la Comunidad de Madrid presenta cifra más generosas en cuanto a ejecución presupuestaria en los últimos años pese a que la relación entre la Administración regional y el Gobierno central es manifiestamente mejorable.

Madrid, la cara amable

Sin ir más lejos, el déficit de ejecución que presenta la región central en los últimos cinco años es del 26,6%, en torno a la mitad que el catalán, aunque también cabe tener en cuenta que las cantidades destinadas en las cuentas públicas a Madrid son considerablemente inferiores. 

En total, el déficit de ejecución no llega a los 940 millones de euros y supone apenas un 5,5% del total.