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Una protesta de vehículos VTC, los que utilizan Cabify, Uber y Bolt, en Barcelona / EFE

[DOCUMENTO] Cataluña publica el decreto contra Cabify, Uber y Bolt

El Diario Oficial de la Generalitat hace oficial la norma que liquida dos tercios de los VTC que operan en la región

3 min

Cataluña ha publicado hoy el decreto ley que corta el paso a operadores de transporte que trabajan con vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Cabify, Uber y Bolt. El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) ha oficializado hoy [ver aquí] la nueva normativa, muy restrictiva con lo automóviles que utilizan las plataformas rivales del taxi. 

El decreto contra los VTC en Cataluña

Ha informado de ello Élite Taxi, el sindicato con más representación en la Taula Tècnica del Taxi (TTT), que se ha congratulado de una pieza legislativa que fija duras obligaciones para los VTC. El texto lo ha aprobado el Govern con el apoyo externo del PSC, que exigió la incorporación de algunas medidas como la obligatoriedad de que estos vehículos midan como mínimo 4,90 metros, lo que excluye a la mayoría de los que ahora circulan en Cataluña. 

A partir del 1 de octubre

El decreto será de aplicación en Barcelona y los municipios del área metropolitana. Ha visto la luz después de meses de negociaciones entre partidos, marcadas por la presión del sector del taxi. El colectivo exigió rocosas medidas para diferenciar su servicio del que ofrecen las plataformas que trabajan con VTC

Finalmente, el Govern y el PSC han pactado una norma que, en efecto, pone cuesta arriba la competencia al sector del taxi. Aunque ha sido publicado hoy en el DOGC, entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2022, cuando los operadores habrán presentado sus peticiones para seguir operando las 4.000 VTC que hay en Cataluña y el Ejecutivo autonómico las habrá analizado para saber si se ajustan a la nueva normativa. Por el camino, el Parlament deberá validar el texto.

Pendientes del TC y las inspecciones

La novedad en el sector del transporte puede no ser final. La pieza legislativa queda a expensas de los posibles recursos de inconstitucionalidad que presenten el Gobierno, 50 diputados o senadores o El Defensor del Pueblo. 

Asimismo, la norma queda pendiente de su aplicación en la Ciudad Condal y entorno. Las policías locales y la Guardia Urbana de Barcelona deberán aplicarla en la calle, así como los Mossos d'Esquadra. 

Respuesta de los operadores

También queda por saber qué respuesta tendrá el mercado de las VTC. La patronal Unauto ya ha advertido de que el texto "destruirá unos 3.000 empleos" en la capital catalana y zona de influencia. También Cabify ha alertado de lo lesivo del texto para sus intereses. 

En efecto, se calcula que de las cerca de 4.000 autorizaciones que operan en la autonomía, quedarán cerca de 1.700. Con esta cifra, las plataformas quedarían muy limitadas para competir con el taxi, que tiene unas 11.000 licencias en Barcelona y municipios del entorno.