Los taxistas denunciarán ahora a la Generalitat por las VTC

Es lo que indican fuentes del sector judicial. Explican que los representantes legales de los conductores pretenden pedir amparo a la máxima instancia judicial autonómica para reclamar pérdidas que, calculan, arrancan en los 8.000 euros por año y taxista. La suma sale del cálculo que hacen de los años en los que la concesión de licencias VTC estuvo liberalizada, entre 2009 y 2014, periodo durante el cual entraron en la industria nuevos operadores como Uber y Cabify que, según el colectivo, les hicieron perder facturación. 

Acción ante el TSJC

El negocio perdido se cuantifica en la citada horquilla económica, según voces cercanas a los denunciantes. Se estima por la "pérdida de valor de las licencias y la disminución de ingresos" derivada del aumento de VTC en el mercado. Reclamarán la cantidad a la Generalitat de Catalunya ante el TSJC porque esta instancia judicial "es la máxima autonómica". 

Y lo harán por indicación del Tribunal Supremo, que recientemente desestimó una reclamación colectiva similar que conductores de toda España interpusieron en el máximo ente judicial patria. La sala Contencioso-Administrativa tumbó el escrito, según avanzó Cinco Días, alegando que la habilitación de VTC no quebró la seguridad jurídica ni el principio de confianza legítima en el Estado. 

"Derivó a las comunidades autónomas"

El criterio del alto tribunal decía algo más. Rechazaba las pretensiones de los denunciantes --y les condenaba a costas-- al entender que la emisión de licencias VTC dependía de las comunidades autónomas. Ante ello, los taxistas han virado su estrategia judicial y reorientarán su demanda masiva a la Administración autonómica. 

"Se trata de que las instituciones compensen una barra libre de autorizaciones que rigió durante un periodo de tiempo, lo que permitió que algunos operadores se establecieran pese a que la proporción entre taxis y VTC superaba la 1:30, que es la que fijaba la normativa", ilustran fuentes cercanas al proceso. Precisamente, la liberalización de los permisos permitió implantarse a Uber en Barcelona en 2014 y también a Cabify. 

'Decreto Ábalos', hasta octubre de 2022

Cabe recordar que la última gran pieza normativa sobre las autorizaciones es el Real Decreto Ley 13/2018, llamado decreto Ábalos por el ministro de Transportes del Gobierno que lo emiti, José Luis Ábalos. El texto traspasaba a las comunidades autónomas la potestad de regular los permisos VTC y les daba cuatro años para hacerlo, hasta octubre de 2022. 

Con ello, el Ejecutivo anterior puso fin a una huelga del sector del taxi, que reclamaba que se cumpliera la proporción de una autorización de conductor privado por cada 30 de taxi. En la mayoría de grandes ciudades se supera esa ratio. 

Batalla por el transporte

Lo que subyace es una nueva batalla en la larga guerra por el sector del transporte. El Supremo rechazó que el Estado indemnizara a los conductores por la liberalización de licencias que utilizaron sus rivales, y ahora los conductores tratarán de ser resarcidos en el nivel autonómico. 

Pero es que ello no es único. Según entiende este medio de fuentes conocedoras, el taxi de Cataluña prepara otras acciones judiciales por la evolución de las tarifas oficiales. Ello sitúa en la diana del colectivo al Instituto Metropolitano del Taxi (Imet), que depende del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). No es el único tuercebrazos entre la institución y los autorizados, pues desde la comunidad de conductores se acusa al Insituto de querer devaluar las autorizaciones de explotación para que se devalúen.