Puig retiene más del 80% de los derechos políticos de su salida a bolsa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado este jueves el folleto de salida a bolsa de Puig, un detalle que confirma que la operación estaba encarrilada. La salida al mercado será el 3 de mayo, puente festivo en Madrid. El folleto, en inglés ya que va dirigido a accionistas internacionales.

Puig quiere más de 2.200 millones de efectivo, aunque puede llegar a superar los 2.500 millones en la operación. La valoración de la compañía queda de este modo en el rango alto, la perfumera vale de este modo entre 12.700 y 13.900 millones. Y, conforme recoge el folleto, el grupo lanzará acciones nuevas mediante una oferta pública de suscripción (OPS) por un importe de 1.250 millones de euros.

La familia mantiene los derechos de voto

Se sumarán otros 1.360 millones de euros en acciones existentes en una oferta pública de venta (OPV). Las acciones cotizadas, las únicas a las que tendrá acceso el mercado, serán de clase B, que confieren menos votos que las de clase a, pero los mismos derechos económicos.

Los títulos de clase A, todos en manos de la familia, representarán el 68,0% del capital, pero aglutinarán el 91,4% de derechos de voto en una junta. Las acciones de clase B, las del mercado, serán el 32% del capital, pero con un pírrico 8,6% de derechos de voto.

Una deuda de 1.000 millones

Con el rango de precios anunciado, Puig se valoraría entre 12.700 millones de euros y 13.900 millones de euros. La colocación de los títulos ha movilizado tanto a los grandes del sector, firmas como JP Morgan y Goldman Sachs, como a toda la banca española (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell). También contará con colocadores, como BoF y BNP, por si hiciera falta.

El dinero irá, de forma oficial, a amortizar los algo más de 1.000 millones de euros de deuda por las recientes adquisiciones (Charlotte Tilbury y Byredo) y financiar proyectos de expansión.

En manos del mercado

El mercado es soberano y será él quien decida si es interesante acudir a una operación cara -recordemos que hace pocas semanas, la valoración rondaba los 8.000 millones-, sin derechos políticos ni más primas para el accionista.