Antigua fábrica textil Intelhorce / CG
Intelhorce: desparece para siempre el mayor “muerto” textil de España
La empresa tiene fondos propios negativos de 173 millones
26 diciembre, 2016 00:00Una escueta inscripción en el Registro Mercantil, de poco más de dos líneas, da cuenta de la extinción de GTE General Textil España SA, nombre de la sucesora del antaño gigante del ramo textil Intelhorce.
Esa compañía, de capital público, entró en liquidación nada menos que en 2000. Sólo ahora, 16 años después, se ha extendido oficialmente el certificado de defunción.
Intelhorce es el acrónimo de Industrias Textiles del Guadalhorce. Nació bajo el paraguas del estatal Instituto Nacional de Industria, en época de Franco, para apoyar la industrialización de la provincia de Málaga.
Huelga señalar que la fabricación de hilados y tejidos, en manos de gestores designados a dedo por los capitostes políticos de la época, pronto devino un desastre y acumuló quebrantos sin cuento.
En 1973, el máximo responsable del INI era Claudio Boada, quien luego llegaría a presidente del Banco Hispano Americano. Boada decidió privatizar Intelhorce y se la adjudicó al industrial textil y banquero Jaime Castell Lastortras, tío de Juan Rosell, actual presidente de la patronal CEOE.
Boada y Castell eran íntimos amigos, se conocían desde la Universidad, donde ambos cursaron ingeniería industrial. En manos de Castell, siguieron las pérdidas. Y en 1980 la endosó de nuevo a las ubres muníficas del patrimonio del Estado.
La historia de Intelhorce es de pesadilla. Se estatalizó tres veces, se privatizó otras dos. Estuvo cobijada durante un cuarto de siglo bajo el paraguas público, durante 12 años bajo el privado. Siempre contabilizó números rojos abultadísimos.
En una de esas idas y venidas, el Estado la traspasó a un italiano de corte siciliano, al que suministró créditos de varios miles de millones de pesetas. Tres años después, el italiano dijo que se habían consumido los recursos, devolvió la propiedad otra vez al Estado, y se largó con viento fresco.
La plantilla máxima de la empresa llegó rebasar las 3.000 personas. Sólo entre 1980 y el año 2000, la entidad dilapidó más de 50.000 millones de pesetas de los contribuyentes.
El balance correspondiente a 2015 incluye un patrimonio neto negativo de 173 millones de euros. Las deudas con la Administración suman 60 millones y las deudas con otra empresa estatal ascienden a 55 millones.
