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Damià Calvet, consejero de Territorio de la Generalitat, anuncia la creación de la comisión que echará a Acciona de la gestión de ATLL / EFE

Torra activa la comisión que echará a Acciona de ATLL

El Govern asumirá de nuevo la gestión pública de la gestora de agua y analizará la indemnización de Acciona y cómo se apunta 995 millones al déficit público

6 min

El Gobierno de la Generalitat ha dado este martes el primer paso real para ejecutar la última sentencia de la guerra del agua en Cataluña. El nombre que se da a la pugna judicial que se inició con la licitación de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la empresa que da agua potable a cinco millones de personas y que desde el 27 de diciembre de 2012 está gestionada por Acciona. El Consell Executiu ha dado luz verde a la comisión liquidadora que cumplirá de forma definitiva con el mandato del Tribunal Supremo de febrero. El que confirmaba los errores en la adjudicación que propician que decaiga.

También ha dado el visto bueno al decreto ley con el que se quiere dar forma a la empresa pública que tomará el relevo de la multinacional de los Entrecanales al frente de la compañía. La portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, y el consejero de Territorio, Damià Calvet, han confirmado el anuncio que realizaron hace un mes. ATLL será de nuevo una gestora de agua pública el 1 de enero de 2019.

Antes, deberá ser ratificada por el Parlament. Aunque el Gobierno de Quim Torra no tendrá demasiadas dificultades para conseguir la mayoría que apoye esta iniciativa. De hecho, se puede convertir en una de las pocas del mandato que rompan la política de bloques en la cámara. La división entre independentistas y contrarios a la secesión.

Subrogación de la plantilla

El grupo de trabajo de la Generalitat dispone de seis meses para fijar las cuestiones técnicas del cambio de operador. En el plano laboral, se trata de un movimiento que desde la propia compañía se reconoce como sencillo. El equipo de Acciona sólo relevó los cargos ejecutivos de mayor rango de ATLL, pero mantuvo estable el resto de reparto de responsabilidades y cargas de trabajo.

El principal reto en este sentido es buscar la fórmula para subrogar la plantilla sin incumplir con los límites de creación de nuevas plazas en la función pública. También se deberán blindar las condiciones del convenio colectivo vigente en la gestora del agua.

Indemnización a Acciona

Aunque el principal trabajo de la comisión será en el plano económico. Torra ha dado el mandato al grupo de fijar el importe de la indemnización que recibirá Acciona. Calvet ha explicado que los responsables jurídicos de la Generalitat “escucharán a las partes y fijarán la cifra de rescisión del contrato”.

Tienen previsto un “debate entre la hasta ahora empresa gestora y el Govern para determinar la cifra”. El consejero ha manifestado que no dan “por buenas las cifras que ha avanzado” el grupo de los Entrecanales. Los 308 millones de euros que anunció en la pasada junta de accionistas de la multinacional. Una falta de acuerdo en este sentido abocaría a la Generalitat a un nuevo litigio en el marco del caso ATLL.

Negociación con el Estado

Otro de los retos del Gobierno de Torra en la gestora de aguas es cómo se apuntan de nuevo los 995 millones de euros que la concesión del servicio permitió borrar del déficit de la Generalitat en 2012. Calvet ha admitido que el Ejecutivo deberá negociar con el Estado la fórmula que se elige para sumar de nuevo este pasivo a las cuentas públicas.

“Corresponderá a la evaluación de las consejerías de Economía, Territorio y a la negociación con el Estado”, ha respondido a preguntas de los periodistas. Incluso ha avanzado cuál será la intención inicial del Govern: “Intentaremos que los 1.000 millones apuntados en 2012 rectifiquen la cifra de deuda de ese año y no las actuales”. Reconoce que es el método “más ventajoso para la Generalitat”.

Sin autocrítica

Calvet y Artadi han declinado hacer autocrítica sobre el caso ATLL. Durante seis años la Generalitat ha acumulado sentencias en contra de la adjudicación que se diseñó durante el primer mandato de Artur Mas, con Lluís Recoder como responsable de Territorio, y que ha acumulado resoluciones y sentencias judiciales en contra durante seis años.

El actual titular de la cartera de esta consejería ha defendido que las estrecheces económicas de la Generalitat en 2012 propiciaron la concesión de este servicio y ha justificado que la “adjudicación fue judicializada no por el contenido, sino por sus mecanismos formales”. Asimismo, ha reivindicado que la nueva ATLL pública será otra “estructura de estado” de la república catalana.

Comisión de investigación

Ciudadanos ha sido el primer grupo en pedir en este mandato que se active una comisión de investigación sobre el fracaso de la adjudicación. La Mesa del Parlament ha admitido a trámite este martes la demanda. Se someterá a votación de la Cámara catalana en el próximo período de sesiones.