La parálisis de ATLL

Crear una empresa pública para gestionar Aigües Ter Llobregat (ATLL) es una de las prioridades marcadas por Quim Torra en el mandato que acaba de empezar. Así se pactó con la CUP para facilitar la investidura. Con todo, el plan que diseñe el futuro Gobierno de la Generalitat deberá empezar de cero. Tres meses después de que el Tribunal Supremo anulara la concesión de ATLL a Acciona, existe una parálisis en definir los pasos a seguir para ejecutar la resolución judicial.

Ni siquiera se ha empezado a aplicar la suspensión de la subida de la tarifa del 11,8% para el ejercicio en curso. El polémico incremento se aprobó el pasado 28 de diciembre y provocó el rechazo del municipalismo por el impacto en las cuentas que suponía. El consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA) decidió dejar sin efecto la medida con carácter retroactivo a principios de abril. Pero nunca se ha ejecutado.

Territorio y Sostenibilidad

Fuentes de la empresa pública indican que, para ello, requieren del mandato específico del consejero de Territorio y Sostenibilidad. Es decir, del Consejo de Ministros por la vigencia del artículo 155. Pero ni se ha planteado porque la intervención de la autonomía ha sido específicamente quirúrgica, tal y como se ha recordado desde el Gobierno. Decisiones de este calado quedan más allá de facilitar el día a día en la Generalitat. 

Dar la orden de aplicar la rebaja será una de las primeras decisiones que deberá ejecutar el futuro responsable del departamento. Un cargo para el que apunta el teniente de alcalde de Urbanismo, Economía y Hacienda de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), fuerte convergente, Damià Calvet.

Diseño técnico

También deberá ordenar a la ACA que empiece a dar forma a la futura ATLL pública. Hay varias cuestiones previas pendientes de resolver. Definir el organigrama técnico es relativamente sencillo, señalan otros interlocutores del organismo presidido por Jordi Agustí.

Se puede recuperar la antigua sociedad pública que se ocupaba de la gestión del agua en alta que llega a cinco millones de personas de Barcelona y su ámbito de influencia. Es decir, el recurso que llega hasta los depósitos de cabecera municipal. La estructura de gestión que ha aplicado Acciona, la concesionaria hasta la fecha, ha sido con un fuerte carácter continuista.

El problema vendrá a la hora de subrogar la plantilla. Los trabajadores públicos pasaron a la concesionaria controlada por los Entrecanales con cierto blindaje en las condiciones laborales. Ahora deberán hacer el camino a la inversa, pero se desconoce incluso qué figura en el empleo público deberán asumir.

Deuda viva

Tampoco será sencillo definir el capítulo económico. Se debe decidir si la deuda que asumió la consejería en el momento previo de la privatización, en 2011, se traspasa de nuevo a la sociedad de nuevo cuño.

La Sindicatura de Comptes estimó en un informe de 2015 que el pasivo total que asumió la Generalitat era de 795 millones de euros. Algo por debajo de los 850 millones que había reconocido el entonces consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en 2013.

Amortización parcial

La cifra de deuda actual está por debajo de estas cantidades, añaden desde el entorno del departamento. El Govern la ha amortizado parcialmente en línea con el resto del pasivo de esta administración. En el cómputo global el efecto sería limitado, pero aligeraría las cuentas de la propia Generalitat.

Nadie en la Generalitat ha empezado a definir estos interrogantes. Por ello, se espera que la resolución del caso ATLL no llegue hasta bien entrado 2019.