La unidad empresarial para reformar la financiación desata un incendio en el tejido económico catalán

Fuentes consultadas por Crónica Global sostienen que la rivalidad entre ambas organizaciones empresariales llevó a la patronal liderada por Antoni Cañete a exigir que el logo de Cecot no apareciera en el comunicado remitido a los medios. Cañete llegó a llamar al presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, para pedirle ayuda en su maniobra.

Quién firma la declaración conjunta

El presidente de la patronal Pimec, Antoni Cañete EUROPA PRESS

Conviene resaltar que la organización empresarial de Terrassa está integrada en Foment del Treball, que abandera la propuesta de reforma. En cambio, Pimec no tuvo reparos en que otras asociaciones que no son agentes sociales, como la fundación Femcat o Barcelona Global, secundasen el texto al entender que no opacaba su protagonismo. El incendio desatado por esta exclusión ha vuelto a resquebrajar la unidad del mundo económico catalán.

Finalmente, la declaración conjunta lleva la rúbrica de las 13 cámaras de comercio catalanas --a través del Consejo General de Cámaras de Cataluña--, Foment del Treball, Pimec, Femcat, el Colegio de Economistas de Cataluña, el RACC, Barcelona Global y el Círculo de Economía.

Inspiración en EEUU

El texto arranca de forma clara: "Las organizaciones firmantes consideran que el actual sistema no es ni transparente, ni equitativo ni eficiente y representa un obstáculo importante para el progreso económico y el bienestar social de muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña".

El "pacto fiscal" propuesto se inspira en el modelo vigente en EEUU y, según la propuesta, solo exigiría una reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA). Bajo el nuevo sistema, "la Generalitat administraría y recaudaría todos los tributos generados en el territorio y asumiría un poder normativo sobre estos similar al que asumen las comunidades forales".

Límites a la solidaridad

Esto exigiría "ampliar de forma sustancial el cesto tributario" de las regiones y el mecanismo de liquidaciones de la Administración General del Estado. El objetivo: garantizar la autonomía financiera "de manera definitiva y diáfana" con competencias claramente delimitadas para las autonomías y para el Estado.

Hemiciclo del Parlament de Catalunya EUROPA PRESS

Este planteamiento no descarta el mantenimiento de un mecanismo de solidaridad interterritorial. Con la salvedad de que este reparto no debería vulnerar el principio de ordinalidad de manera que las comunidades más ricas salieran perjudicadas tras la asignación de recursos a las comunidades más pobres. Durante los últimos años, este principio se ha invocado por parte del nacionalismo como una guía a la hora de definir un nuevo sistema de financiación, pese a que no rige en otros Estados de matriz federal como Alemania y Canadá.

Un encaje de bolillos

Los firmantes resumen su encaje de bolillos del siguiente modo: "El nuevo sistema de financiación ha de ser equitativo y respetar el principio de ordinalidad. Debe asegurar que todos los ciudadanos puedan recibir unos servicios públicos básicos similares con independencia del lugar donde residan. Debe garantizar que las comunidades que más aportan no pierdan posiciones en el ránquing una vez han operado los mecanismos de solidaridad, y debe asignar los recursos teniendo en cuenta las diferencias del coste de vida entre territorios".

Según la declaración, Cataluña es hoy la segunda comunidad común en términos de PIB per cápita. Sin embargo, ocupa el décimo lugar en recursos recibidos y cae al decimocuarto puesto si se tiene en cuenta la diferencia en el coste de la vida.

Tirón de orejas al Gobierno

Por último, las organizaciones del tejido económico catalán exigen al Estado que mejore su ejecución presupuestaria. Además, piden que las inversiones se lleven a cabo con "criterios transparentes de coste-beneficio" de acuerdo con el peso de cada región en el PIB nacional.

También tiran de las orejas al Gobierno por dejar de publicar la distribución territorial de la inversión del sector público central: "Las 20 instituciones firmantes de esta declaración reclaman que la Intervención General de las Administraciones del Estado (IGAE) (...) publique los datos de inversión territorializada que se esperaban en mayo de 2023".