El Estado recibe 1.250 millones de euros con los dividendos de sus participadas

Lluvia de millones para las arcas del Estado a cuenta de su creciente participación en empresas cotizadas. Los buenos resultados registrados en general por la gran empresa en 2023 repercutirán en ingresos en torno a 1.250 millones de euros en concepto de dividendos para el erario público, en vísperas de la incorporación de un nuevo activo a esta peculiar cartera como será Telefónica.

Se da la circunstancia de que las dos participaciones públicas más voluminosas se encuentran en empresas que destacan por destinar un elevado porcentaje de su resultado neto a retribuir a los accionistas (lo que se conoce en términos corporativos como pay-out). Y, además, en ambos casos han concluido 2023 con el beneficio más elevado de su historia.

El año récord de Aena 

Algo más del 45% de la cuantía que recibirá el Estado bajo este formato corresponde a su participación mayoritaria en Aena. Desde que culminó el proceso de privatización del gestor de la red de aeropuertos públicos, con la salida a bolsa de la que recientemente se han cumplido nueve años, el 51% del capital se mantiene bajo el control de Enaire, la sociedad encargada de la regulación del sector, la margen de la custodia de este paquete accionarial.

Desde hace unos años, la política de dividendos de Aena establece un pay-out del 80%, lo que en el caso del ejercicio 2023 ha derivado en un pago de 7,66 euros por acción. En total, unos 585 millones de euros para Enaire. 

Maurici Lucena, presidente de Aena / EP

Al margen de lo que el Estado ingresará por el dividendo, también cabe destacar la revalorización de las acciones de Aena. Tras atravesar la etapa más complicada desde la privatización con motivo de la pandemia, el valor cotiza en sus cotas más elevadas de los últimos seis años.

De esta forma, la participación pública en la compañía que preside Maurici Lucena está valorada en cerca de 13.400 millones de euros. En estos nueve años como empresa cotizada, Aena ha conseguido triplicar el precio establecido en la salida a bolsa. 

El más alto de la banca

Este rendimiento ha llevado a la compañía a ocupar el sexto puesto del Ibex 35 por capitalización bursátil. Inmediatamente por encima está Caixabank, en la que figura la otra gran participación pública en compañías cotizadas. A través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Estado cuenta con un 17,3% de la entidad financiera, resultante de la fusión entre el antiguo Caixabank y Bankia.

En esta última, el Estado contaba con una participación mayoritaria, producto del rescate financiero de 2012 y valorado en torno a 24.000 millones de euros.

El presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri (izq..), junto al consejero delegado, Gonzalo Gortázar / EP

Caixabank es el banco con una política de dividendos más generosa del sector en España, con un pay-out que oscila entre el 50% y el 60% y que, en el caso del ejercicio 2023 alcanzará la parte alta de esta horquilla. 

En total, cerca de 500 millones para las arcas públicas merced a la consecución de un beneficio que sobrepasó los 4.800 millones de euros.

Como en el caso de Aena, Caixabank también atraviesa un momento dulce en bolsa, en sus máximos históricos de capitalización (por encima de 31.300 millones de euros) y con los precios más elevados en más de cinco años en el caso de la ficha asociada a la denominación del banco. 

El resto del montante de dividendos viene de participaciones en compañías de menor tamaño que las anteriores como Indra, Redeia y Enagás. En el caso de la primera, el Estado elevó su presencia en el capital del 18% al 28%. En los operadores de transporte de electricidad y gas, el porcentaje se reduce a un testimonial 5%. 

200 millones adicionales

A la cartera pública está previsto que se sume próximamente Telefónica, después de que el Gobierno haya encargado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la adquisición del 10% de Telefónica, para contrarrestar la entrada en el capital de la operadora de la saudí STC.

En el caso de que la compañía que preside José María Álvarez-Pallete mantenga su política de dividendos actual, a lo que se ha comprometido al menos hasta el fin de su actual plan estratégico (2026), el Estado se embolsará unos 200 millones anuales por este concepto.