El Ministerio de Trabajo sanciona con más de 250.000 euros a los inmobiliarios por los falsos autónomos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sancionado con multas de más de 250.000 euros a empresas del sector inmobiliario por el uso generalizado de autónomos en sus equipos. El departamento de Yolanda Díaz ha iniciado una oleada de visitas a empresas por medio de la Inspección de Trabajo y ha levantado actas que han terminado con fuertes sanciones. Ante ello, los afectados se están organizando y preparan una respuesta. 

Lo denuncian fuentes de la industria, que alertan de que la Inspección nacional ha multado "con dureza" a empresas de distinto tamaño en toda España. Lo hace, como ya hizo con las academias de formación, por el personal que trabaja por cuenta ajena como autónomo y después factura sus servicios a las compañías. Trabajo aplica la llamada ley rider, aprobada en 2021, para aflorar a falsos autónomos del sector. 

Century 21, una las afectadas

Por el momento, pocas firmas se están salvando del peinado sobre la organización laboral en la actividad. Entre las afectadas figuran grandes grupos como Century 21, grupo estadounidense del inmobiliario fundado en los años 50 con presencia en España, que no ha sido sancionada, aunque ha hecho cambios en su relación laboral con los colaboradores. 

La nueva central de Century 21, una de las inmobiliarias afectadas, en Madrid Cedida

Algunas de estas firmas utilizaban a una red de colaboradores autónomos a los que Trabajo ha considerado que se deberían extender un contrato laboral por la naturaleza de la relación entre ambos.

Ha propuesto, asimismo, una sanción que incluye que las empresas atiendan las cotizaciones impagadas en los últimos años, además de otros cargos relacionados con los cambios en una estructura laboral que se ha apuntado como fraudulenta.  

Algunas pequeñas, al borde del cierre

La peor parte, sin embargo, se la han llevando las pequeñas inmobiliarias boutique. "Empresas con tres o cuatro autónomos vinculados, algo legal durante años, a los que Trabajo ha multado sin piedad", explican las mismas fuentes, "algunas de estas sociedades se plantean cerrar y que los agentes vayan por su cuenta". 

Ello se debe a las fuertes sanciones de origen laboral que la tesorería de estas empresas no puede aguantar. Además, consideran que exponerse a un pleito es aún peor porque existe la posibilidad de que se pierda y que la cantidad del correctivo final sea aún mayor.

La solución por la que muchos optan pasa por abonar la penalización, ya que si se atiende de forma inmediata se consiguen incentivos que rebajan la cuantía final. "Pero implica una admisión de culpa, es perverso", manifiestan los mismos interlocutores. 

FAI ve "caza de brujas"

Preguntado por la cuestión, José María Alfaro, coordinador general de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), ha reconocido la oleada de inspecciones laborales. Las ha tildado de "caza de brujas". El ejecutivo recuerda que el autónomo dependiente "es una figura absolutamente legal y que recoge el convenio colectivo". 

Negociación de una hipoteca ante una futura promoción de viviendas EFE

El también fundador de la agrupación empresarial recuerda que en España "el 40 o 50% del sector opera con estas figuras". Por lo que considera que "no puede ser que entre un inspector en una oficina y convierta en trabajador por cuenta ajena a todo el que vea por allí", como estaría pasando. 

"Reunión con el Ministerio de Trabajo"

Según Alfaro, que también es presidente de la Asociación de Buenas Prácticas Inmobiliarias de Madrid, la campaña de Trabajo esconde un "afán recaudatorio" de Inspección y "va en contra de los objetivos que quiere conseguir". 

Para el presidente inmobiliario, son motivos suficientes para "pedir una reunión" con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, demanda que se sustanciará en breve. Mientras, las firmas afectadas "deberían asociarse en alguna de las asociaciones mayoritarias" y buscar apoyo jurídico, prescribe. 

Ya pasó con las academias

Cabe recordar que la fiscalización de actividades concretas por parte de la autoridad laboral para aflorar falsos autónomos se han dado ya en otros sectores, como el las academias de formación. Abrió la veda la Inspección de Cataluña, a lo que el sector respondió pidiendo amparo a la patronal y a la consejería catalana de Trabajo. Eso sí, las sanciones continuaron su tramitación y muchas ya se han abonado. 

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Cedida / MTyES

Como en el inmobiliario, se repasó la actividad de los autónomos para medir la su vinculación exacta con las empresas a las que facturaba sus servicios. Los gestores de empresas de formación alegaron que se contaba con colaboradores con otros empleos, incluso funcionarios, que prestaban un número de clases al año que consideraban que era reducido. La Inspección ha enmendado esta consdieración y les ha obligado a extender contratos laborales. 

Igual que con los inmobiliarios, algunas escuelas amagan con cerrar al asegurar que los costes laborales que debe asumir les condenan a ser compañías inviables. 

Los claroscuros de la 'ley rider'

Como explicó este medio, la ley rider, que fue una modificación del Estatuto de los Trabajadores, se aprobó en 2021 con el fin de perseguir la falsa contratación de autónomos vinculados a una sola empresa. Pero tres años después, esta figura no ha desaparecido del mercado laboral, como pretendía el equipo de la ministra Yolanda Díaz. 

En el caso de la intermediación inmobiliaria, el ahínco de la Inspección con este asunto está provocando que un número indeterminado de agentes renuncien a su vinculación con una firma y se establezcan con gestores propios que cuentan con CRM, detallan las fuentes consultadas. Al menos hasta que las empresas del sector puedan encauzar la ola de sanciones.