La líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

La líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Cedida

Política

Yolanda Díaz da un golpe a las academias de formación con la regulación del profesorado

Trabajo impone sanciones de hasta un millón de euros y algunos centros avisan de que "cerrarán"

19 diciembre, 2023 00:00

Golpe del Yolanda Díaz al sector de la formación en Cataluña. La Inspección de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha finalizado una campaña de inspecciones a los centros que se ha saldado con propuestas de sanción de hasta un millón de euros. Ante ello, algunos centros han avisado de que "cerrarán". 

Lo han explicado fuentes del sector, que han dado cuenta de la "indignación" que recorre el sector de la formación no reglada tras haberse enfrentado a la inspección de Trabajo, que ha blandido la ley rider para obligarles a contratar como asalariados por cuenta propia a profesores que "colaboraban" con contratos mercantiles. 

Contratación unilateral

Esta regulación de los profesores, con "altas automáticas" a la Seguridad Social, ha cogido por sorpresa a los centros, que recuerdan que estos docentes "no son sus empleados, pues ya tienen otro trabajo en el sector privado o en la Administración pública".

Un alumno de una academia de formación musical, en una imagen de archivo

Un alumno de una academia de formación musical, en una imagen de archivo Cedida

 

Hasta ahora, las academias "les hacían contratos mercantiles puntuales porque colaboraban con una o dos clases al año". Trabajo ha tumbado la fórmula, les ha obligado a contratarlos como asalariados y ha obligado a pagar las cotizaciones de los últimos cuatro años.

"Un millón de euros"

Esa medida ha venido acompañada de otra más polémica: propuestas de sanción a las academias. Estas multas las ha emitido la Inspección nacional con arreglo a la ley rider

Y, además, son de cuantías elevadas. Un director de centro de formación sanitaria recuerda que le han castigado con cerca de 200.000 euros cuando sus profesores "ya tienen puesto en el sector público, han colaborado con un contrato mercantil y emitiendo factura, y habían pedido autorización de compatibilidad previa". 

En otros casos, la propuesta de gravamen llega al millón de euros. 

Amenaza de cierre

En este contexto, algunas academias catalanas han pedido financiación o se plantean cerrar para hacer frente a las gravosas sanciones

La mayoría han recurrido los expedientes a los tribunales contenciosos, pero recuerdan que "tienen que pagar de antemano y, si ganan el procedimiento, ya les devolverán la cuantía". Ello ha puesto su tesorería en una situación harto delicada. 

El ministerio calla, la Generalitat media

¿Qué dice el ministerio? A preguntas de este medio, no ha respondido. Sí lo ha hecho la Generalitat de Cataluña. Un portavoz del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha admitido que conoce "el malestar" del sector de las academias catalanas por la campaña de la inspección de Trabajo

El 'conseller' de Treball, Roger Torretn (ERC), en una comparecencia pública

El 'conseller' de Treball, Roger Torretn (ERC), en una comparecencia pública EFE

Ante ello, la consejería de Roger Torrent (ERC) ha "mediado" entre los afectados y la Inspección nacional por medio del Servei Català d'Ocupació (SOC). Por ahora, con escaso éxito, añaden otras fuentes. 

"No son 'riders' ni falsos autónomos"

Además de Treball, también ha tratado de acercar posturas Pimec, pues la mayoría de estos negocios son pequeñas y medianas empresas. En este contexto, uno de los directores detecta "intencionalidad política" en la campaña de inspecciones. Asegura que la razzia de Trabajo busca "cortar el paso a las academias catalanas, que son las que mayor cuota de mercado tienen en España". 

Ello llega después de un polémico decreto gubernamental que "limitó a los centros de formación reglada a hacer formación online en Cataluña". Bajo su punto de vista, pues, es una medida "proteccionista". 

En cualquier caso, la polémica por la cadena de sanciones arrecia y los afectados han acudido a los tribunales, con la promesa de ejercer mayores acciones si es preciso.