El Gobierno cede ante Junts y anuncia que "reforzará la vigilancia" sobre las sedes de las empresas

El acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya (JxCat) para reformar la ley de sociedades de capital para propiciar el regreso a Cataluña de las miles de empresas que huyeron de la región a causa del golpe secesionista al Estado de 2017 ha causado malestar y cierta inquietud empresarial por su posible impacto. Un alcance cuyos detalles por ahora se desconocen, y que el Gobierno continúa sin desvelar, a pesar de que sus socios posconvergentes han llegado a anunciar su propósito de sancionar incluso a dichas compañías.

Por ahora, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez apenas se han dado explicaciones al respecto. Su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha apuntado este jueves que las empresas tienen libertad para instalarse donde crean oportuno, si bien acto seguido ha dicho que el acuerdo con Junts "reforzará la vigilancia" para evitar "ingenierías fiscales", y que las sedes sociales estén donde se desarrolla la actividad principal de cada empresa, según ella.

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, el también socialista Jordi Hereu, se ha limitado a explicar que el Gobierno estudia un modelo de incentivos, que sea "positivo y sin coacciones" para que regresen las empresas que se fueron de Cataluña por el procés.

Entre las miles de empresas que trasladaron sus sedes sociales a otras autonomías por la inseguridad política e institucional causada por el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de Cataluña de octubre de 2017 se encuentran de hecho algunas con amplia implantación en toda España, como CaixaBank -que fijó su sede en Valencia-, Banco Sabadell -en Alicante- o Naturgy, que decidió instalarse en Madrid.

Contenido del acuerdo

El acuerdo, divulgado por Junts ayer miércoles, mencionaba el compromiso de "la reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para revertir el real decreto ley del PP de 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña".

Dicho real decreto permite a las compañías cambiar su domicilio social sin necesidad de recibir el visto bueno de la junta de accionistas, excepto aquellas cuyos estatutos incluyeran una "mención expresa" por la que el consejo de administración no podía ser competente para cambiar la sede.

Multas y/o incentivos

Antes de cerrarse el acuerdo, dirigentes de Junts expresaron esta misma semana su deseo de multar a empresas catalanas que cambiaron sus sedes para instalarse a otros puntos de España, o que se premiara a las que regresen a Cataluña.

Esto afectaría a miles de compañías, que tendrían que plantearse volver a trasladar sus sedes o bien reabrir sus centros productivos en el mismo territorio en los cuales están anotadas en el Registro Mercantil. Sería el caso de empresas del Ibex-35 como las tres antes citadas, o de Cellnex y Colonial, asentadas ya en otros territorios.

Malestar empresarial

Desde el ámbito empresarial, algunas fuentes han apuntado que, si lo que se pretende es lograr la vuelta de las sedes sociales, esta es "la peor" forma, pues a su entender se está haciendo desde la imposición y sin discreción ni consenso.

Esas mismas fuentes, asimismo, auguran pocos efectos prácticos del acuerdo, puesto que las grandes empresas ya cumplen la ley y toda la normativa aparejada a trasladar sedes sociales de una autonomía a otra. Y apelan a la necesidad de garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica necesarias.