El tope a los alquileres, tan esperado por algunos como temido por otros, entrará en vigor en Cataluña el próximo mes de febrero. Así lo han acordado el Gobierno central y el autonómico catalán, que han pactado aplicar la ley de contención de rentas en los 140 municipios considerados como zonas tensionadas con respecto a la vivienda, donde viven el 80% de los habitantes de la comunidad autónoma.
Esta medida, que entrará en vigor en febrero, supondrá la limitación de los precios de los alquileres según un índice de referencia que se publicará próximamente. Según han avanzado expertos jurídicos, en vivienda y representantes del sector inmobiliario, la norma protegerá a los okupas, desprotegerá a los propietarios y dificultará el acceso a la vivienda a la mayoría de inquilinos.
Costará más encontrar piso
Se espera que el cambio legal reduzca la oferta de pisos disponible e incentive modalidades alternativas que no están reguladas en la nueva ley, como el alquiler por habitaciones, cada vez más caras. Por todo ello, el sector ha criticado duramente esta intervención del mercado, al considerar que reducirá la oferta de vivienda en alquiler.
Asimismo, pronostican un aumento de los precios, así como un deterioro de la calidad de los inmuebles, es decir, la medida podría tener el efecto contrario al deseado. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, se han reunido este jueves para analizar los avances en el desarrollo de la ley de vivienda, que se aprobó en mayo del año pasado con el apoyo del PSOE y Sumar.
Regreso a fórmulas fallidas
Ambas dirigentes han coincidido en que la vivienda es un problema transversal y de mayorías, y que sus gobiernos aspiran a atender esta demanda. La ley de contención de rentas era la medida estrella de la nueva normativa, que también incluye incentivos fiscales para los arrendamientos de vivienda, limitaciones para las subidas de los alquileres y la definición de las zonas tensionadas, donde se producen situaciones de desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda en alquiler.
Capella ha defendido que la ley de contención de rentas ya fue aprobada por el Parlament de Cataluña, y que su aplicación en febrero será una buena noticia para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Ha explicado que el Ministerio de Vivienda aprobará los sistemas de índices que se tendrán que aplicar en los 140 municipios afectados, y que una vez se publique la memoria y la declaración de zonas tensionadas, el precio del alquiler no podrá superar el índice que se establezca, una limitación que ya se aplicó de forma fallida en Cataluña.
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