Asens, Pisarello y Badia, acorralados en el Supremo por vetar un parque temático en Barcelona: así lo hundieron

Lo explica a este medio el consultor estratégico Francisco Medina, el impulsor de Open Camp, que abrió en 2016 en el recinto Olímpico de Montjuïc de la Ciudad Condal y cerró al año, asfixiado económicamente. Medina ha salido públicamente esta semana como primer denunciante de presunta corrupción en España: es el primero que se acoge a la ley de whisteblowing 2/2023, pensada para tirar de la manta en casos de presunta mala praxis. 

"Hundieron el primer parque del deporte"

El ejecutivo aporta abundante documentación que, según él, justifica los presuntos delitos de prevaricación, fraude, cohecho y financiación ilegal cometidos, según él, por los comunes en Barcelona. Lo tendrá que demostrar en el Tribunal Supremo, donde ha recalado su escrito de 136 páginas --admitido a trámite--, que señala a Asens, Pisarello, Badia y Marta Carranza, aún comisionada de Deporte del Ayuntamiento de Barcelona. 

Por lo pronto, su querella, que aporta a Crónica Global, despierta sospechas sobre por qué los comunes no facilitaron una inversión de más de cerca de 30 millones de euros en Barcelona. "Hundieron el parque temático del deporte, el primero del mundo y al que había premiado la Comisión Europea", asegura Medina con documentos en las manos. 

"Torpedearon toda la parte comercial"

Según él, Open Camp se estrenó en 2016 en Montjuïc con inversores y un sólido plan de empresa. "Había mucho interés de los inversores. Vinieron desde China a verlo". Pero el ayuntamiento jamás creyó en el mismo. Los comunes habían prometido en su programa electoral de 2015 que revisarían los proyectos contrarios al "bien común" en la Ciudad Condal. Open Camp era uno de ellos, pero también lo era el hotel Four Seasons en la Torre Deutsche Bank. El alojamiento de lujo acabó vetado y abriendo en Madrid. 

El parque temático sí llegó a abrir, pero operó durante pocos meses. En 2017 cerró y fue a concurso de acreedores. "El ayuntamiento torpedeó toda la parte comercial, haciendo inviable seguir el proyecto de empresa", insiste Medina. ¿Cómo lo hicieron? "Alquilamos Montjuïc a B:SM --el grupo municipal de empresas-- pero no nos dejaron cobrar entrada en todo el recinto, al contrario que TV3, los conciertos independentistas o los Rolling Stones, por ejemplo. Nos obligaron a abrir la puerta principal enviando a vigilantes de seguridad. Con ello, hundieron la recaudación por ticketing". 

La publicidad, "censurada"

Hubo más. Antes de dar licencia de actividad, los comunes les obligaron a retocar la publicidad para que no apareciera la palabra parque temático. "Tuvimos que cambiarla toda", afea el empresario. "Nos prohibieron la señalética exterior y la publicidad --no como a otros operadores--. Expulsaron al Estado y a la empresa de trabajo temporal (ETT) Randstad de nuestros acuerdos, pues no querían ni a uno ni a la otra". "Nos obligaron a invertir en mejoras en Montjuïc, no pudimos utilizar el párking ni monetizarlo y tuvimos que firmar con BCN Activa y quisieron ver los currículos de las personas que contratábamos". Open Camp tampoco pudo "monetizar las fotografías" como fuente de ingresos: se lo prohibió el consistorio. 

Una de las actividades de Open Camp Barcelona Cedida

Los comunes, según Medina, también se opusieron a la presencia de Microsoft, de la que dijeron que "era una multinacional" e incluso a la de EatOut, el grupo de alimentación de la familia Carulla. Open Camp había firmado con ambos, pero los tuvo que "esconder". Nadie del ayuntamiento acudió cuando le visitaron emisarios de diversos países y rechazaron su proyecto Open Camp Smart, un hub de innovación que "luego copiaron para ellos y lo presentaron como BCN Sports Hub". 

'No' a Samaranch y a la Selección

Según Medina, que justifica documentalmente punto por punto lo que denuncia, el ayuntamiento, controlado entonces por los comunes, prohibió el reconocimiento a Joan Antoni Samaranch -"por fascista"- y frenó un nuevo Museo Paralímpico en el Estadio Olímpico: "El único del mundo". Asimismo, los de Ada Colau impidieron que se celebraran jornadas deportivas con Telefónica y la Selección Española pese a que sí habían autorizado un día para la Selección Catalana. 

¿Quién lo hizo, según él? "Jaume Asens, porque era concejal de Sants-Montjuïc; y Eloi Badia y Gerardo Pisarello, por representantes de B:SM", enumera. Canalizaban todos los noes, "que fueron uno detrás de otro", por medio de la comisionada Marta Carranza. "Hasta la licencia. Exigían una cosa y otra y la demoraban. No llegaba. La Guardia Urbana no se lo explicaba: estaba toda la inversión hecha, tras un roadshow, y el personal contratado, más de 250 personas. Finalmente, la enviaron 40 minutos antes de abrir". 

"Me obligaron a fichar a los suyos"

Cuando Open Camp pudo finalmente abrir, hubo más "coacciones y presión". Según el empresario, Jaume Asens "le obligó a organizar una exposición de la Olimpíada Popular en el recinto del fallido Museo Paralímpico". "Me impusieron que fuera gratuita -muestra correos con ello- pese a que la pagamos nosotros. Controlaron el contenido y prohibieron que se exhibieran banderas españolas". 

Jaume Asens (círculo blanco), en la exposición de la Olimpíada Popular que pagó Open Camp Cedida

Ello lo tuvieron que hacer con la coordinadora técnica de la Fundació L'Alternativa de EUiA -uno de los partidos de BComú, coalición de Ada Colau-, I.V., a la que "nos obligaron a contratar como comisaria de contenidos". Cuando Open Camp reclamó que el ayuntamiento colaborara económicamente, nadie les contestó. Esta imposición y otras nutre el presunto delito de financiación ilegal que denuncia. "Se aprovecharon de que una empresa privada había firmado un contrato con B:SM para exprimirla para su partido", abunda. 

De hecho, los abusos de los comunes con Open Camp desde B:SM, insiste el directivo, fueron uno de los motivos de la dimisión de Ignasi Armengol, entonces CEO del conglomerado. La salida la avanzó este medio en 2017. 

Insolvencia

Ante esa presión y con la capacidad comercial cercenada, el parque temático se hundió económicamente. Lo explicó este medio: Open Camp no llegó a las cifras ni de visitantes ni de entradas vendidas que lo hicieran rentable. Cerró al año de abrir, pese a que trató de sobrevivir una segunda temporada. 

Para ello, Medina visitó in extremis a políticos y empresarios. Acudió a una reunión con el entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien le pidió que desbloqueara dos préstamos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y Avançsa para su parque. "El president Puigdemont me contestó que Asens le había dicho que nos dejarían caer porque no creían en nosotros", insiste. Lo mismo con Jaume Roures, entonces socio gestor de Mediapro y ahora despedido. "Roures nos quiso comprar al principio, pues la idea le pareció brillante y rentable, pero no le gustó ser minoritario, y la operación cayó. Después, ya con la asfixia municipal encima, fuimos a buscar de nuevo financiación, pero nos contestó que Asens le había aconsejado no ayudar, que cerraríamos". 

Con ello, Open Camp no aguantó más y fue a concurso de acreedores. 

Denuncia al Supremo

La empresa acabó liquidada y Montjuïc, en su estado actual. Semivacío salvo por los conciertos de música y, ahora y durante un año, por el alquiler de los partidos del FC Barcelona. Por su parte, Francisco Medina ha recopilado toda la documentación, la ha trabajado -"durante tres años"- y ha elaborado una querella criminal contra los comunes con la ayuda de una abogado y sus propios conocimientos de Derecho, pues es letrado sin colegiar. La presentó públicamente esta semana en Madrid y, después, en la sede de Crónica Global en Barcelona. 

Gerardo Pisarello (Sumar), diputado en el Congreso y exconcejal en Barcelona EP

"Pisarello, Asens y Eloi Badia cometieron todos y cada uno de los delitos que enumero. Rechazaron una inversión de cerca de 30 millones de euros y 250 empleos por pura ideología, porque no encajaba con su idea del bien común en Barcelona, y al no poder vetarla, la asfixiaron", apunta. Medina, ahora dedicado a la consultoría estratégica con despachos en Barcelona y Reus (Tarragona), asegura que "exige justicia". Ya no por él, dice, al que "arruinaron los comunes por puro sectarismo, sino por los más de 200 trabajadores que terminaron en el paro, algunos de ellos veteranos empleados de PortAventura World ilusionados con el parque y que vinieron conmigo", lamenta. Algunos de estos trabajadores, que citará como testigos si el caso llega a juicio, "continúan sin empleo a día de hoy".