Acciona recibe un nuevo varapalo judicial en las aguas catalanas

Acciona se la pega de nuevo en su intento de consolidar su negocio en las aguas catalanas. La cotizada de la familia Entrecanales ha tropezado en su afán de hacerse con el último gran contrato de mantenimiento del Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), la antigua Aigües Ter Llobregat (ATLL). La cotizada no solo ha perdido el concurso público, al que se presentó encuadrada en una unión temporal de empresas (UTE) junto a Constructora del Cardoner, sino que también ha pinchado hueso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP).

Se trata del enésimo varapalo que se lleva la multinacional con ATL, que controló entre los años 2012 y 2015 antes del juicio que revirtió la venta de la empresa pública. Y lo hace ante el mismo órgano administrativo que le apeó del control de la gran gestora del agua en alta de Cataluña, la que se encarga de llevar agua potable a los depósitos de cabecera municipales de los que beben 5,5 millones de catalanes.

Contrato de 38 millones

La contrata en juego no es menor. Se trata de una licitación valorada en 38 millones de euros que otorga el mantenimiento total de las instalaciones y la maquinaria de ATL, ahora convertida en una empresa pública que externaliza varios servicios que garantizan la excelencia de su cometido.

Los trabajos de corrección y prevención que Acciona aspiraba a controlar son claves para el funcionamiento del sistema de abastecimiento de la red. Especialmente en un momento como el actual, ya que ATL controla las desalinizadoras de los ríos Tordera y Llobregat que funcionan a pleno rendimiento para mitigar la situación de sequía.

Imagen de las instalaciones de ATLL en Cataluña / ATLL

Acciona pierde el contrato

La cotizada de los Entrecanales efectuaba estas tareas de mantenimiento hasta septiembre de 2022. ATL decidió en ese momento que Acciona debía pasar el testigo a una UTE rival compuesta por Acsa, Aquambiente y Esorosa, que se impuso en el concurso público.

La compañía con sede en Madrid se resistió. Interpuso un recurso especial para excluir a la adjudicataria basándose en la supuesta falta de motivación del órgano de contratación y en la confidencialidad de la oferta alternativa La compañía incoó esta acción después de presentar un primer recurso para cambiar el sentido de la licitación. Pero, tal y como se esperaba, el tribunal ratificó la concesión a la UTE competidora.

Tras este tropezón, prosiguió con su estrategia legal. Exigió por segunda vez anular la resolución del proceso y la adjudicación en su favor ante el TCCSP. Pero en un dictamen fechado el pasado 27 de septiembre al que ha accedido Crónica Global, el órgano administrativo desmonta todos sus argumentos y avala al nuevo colaborador de la empresa pública.

Los argumentos del tribunal

Así, descarta la "conducta anticompetitiva" esgrimida por la compañía en su recurso, un argumento con el que critica la alianza entre las empresas rivales. "Este tribunal en ejercicio de sus funciones revisoras, esto es, la revisión del cumplimiento de la normativa contractual y de los principios rectores de la contratación pública, no llega a evidenciar la concurrencia de indicios plausibles que determinen la exclusión de la UTE adjudicataria", señala.

"El hecho de haberse presentado en UTE dos operadores económicos que según la recurrente se podrían haber presentado separadamente (...) no comporta por sí sola una voluntad anticompetitiva", abunda el tribunal. En resumen, considera que una medida tan "drástica" como la exclusión de un proceso de licitación requiere indicios mucho más sólidos que los aportados por Acciona.

Análisis de la oferta económica

Respecto a la falta de motivación, el tribunal administrativo recoge los informes de la propia ATL para concluir que "la oferta de la UTE adjudicataria es viable". Esto es: la documentación entregada por Acsa, Aquambiente y Esorosa motiva suficientemente las partidas del presupuesto. El TCCSP manifiesta, además, que la declaración de confidencialidad de la información sí que está justificada dado que se trata de secretos comerciales, por lo que se resiste a entregarla a las concesionarias rivales.

"Respecto a los acuerdos comerciales existentes, debe entenderse que se trata de mejores condiciones técnicas que permiten ofrecer mejores precios, y un ahorro en la prestación del contrato, especialmente respecto a los materiales y maquinaria", sentencia en una resolución dura con la firma de los Entrecanales. Por tanto, los números de las empresas ganadoras están plenamente justificados.

La resolución del órgano jurisdiccional es de obligado cumplimiento pero no agota las posibles reclamaciones. Los Entrecanales pueden elevar el contencioso a la vía judicial ordinaria, ya que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Por ahora, no han dado el paso.

Imagen de un grifo de agua, el servicio que el Govern garantiza en Cataluña Europa Press

El fiasco millonario de Mas

Este capítulo supone otro pie de página en el caso ATLL. La fallida venta de la empresa pública a Acciona en 2012, durante la etapa de gobierno de Artur Mas, se saldó con un pleito que anuló la adjudicación y derivó en una indemnización gravosa para el erario público. El TSJC ordenó pagar 304,4 millones de euros por el fiasco de la privatización de la empresa pública. O, lo que es lo mismo, 80 euros a cada contribuyente catalán.

Esta cantidad no se la cobrará Acciona de forma directa. Los Entrecanales vendieron el litigio en junio de 2019 por 170 millones a la gestora estadounidense Fortress, especializada en la caza de litigios en España y con experiencia en arbitrajes de energías renovables. Se trata de un fondo de inversión radicado en Nueva York (EEUU) que ahora intenta que el Govern eleve esta cifra.

Hasta la fecha, la Generalitat sólo ha reconocido que apear a la compañía española de la gestora de aguas le generó un agujero de 53,8 millones a sus cuentas. La pugna sigue abierta en los tribunales.