El error de Artur Mas con Acciona le cuesta 80 euros a cada contribuyente catalán

El caso ATLL –la fallida venta de la empresa pública Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona en 2012, durante el Gobierno de Artur Mas, para cuadrar in extremis las cuentas de la Generalitat– escribió este jueves su penúltimo capítulo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resolviera tres recursos en los que condena al Govern a pagar 304,4 millones a la compañía por los perjuicios derivados de la revocación de la privatización en los tribunales. Dicho de otro modo, las prisas y las irregularidades en aquella polémica concesión le costarán 80 euros a cada contribuyente catalán. Más de 3,8 millones de ciudadanos presentaron la última declaración de la renta en Cataluña.

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Quién es quién en el ‘caso ATLL’

El litigio se originó casi en el mismo momento de la concesión. La privatización fue una maniobra de Artur Mas orquestada por el entonces consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, con el objetivo de conseguir liquidez sin ser impopular a las puertas de unas elecciones y en el peor momento de la crisis económica. En ese momento, el conseller de Territorio era Lluís Recoder, y fue él el responsable de elaborar una plica de condiciones favorable a Acciona –poco bregada en el sector del agua– y quien firmó un documento por el que declaraba secreta la oferta de la empresa de los Entrecanales en la licitación. Su secretario, Pau Villòria, rubricó la adjudicación, y Leonard Carcolé, entonces presidente de la Agència Catalana del Agua (ACA), pilotó la operación. Pero el grupo Agbar la impugnó.

Un proceso lento

El movimiento de Agbar acabó con la anulación de la adjudicación en los tribunales y con la consiguiente reclamación de una millonaria indemnización a la Generalitat. De hecho, el consorcio de Acciona llegó a pedir más de 1.000 millones por la concesión fallida, pero no llegó a ningún acuerdo con el Govern. Ahora, sin embargo, el TSJC ha resuelto tres recursos de ATLL contra el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y le reconoce el derecho de cobro de los 304,4 millones de euros mencionados. Esta cantidad se desglosa en 262,8 millones como canon no amortizado; 38,2 millones como inversiones realizadas no amortizadas; y 3,37 millones como costes de licitación y constitución, según el tribunal.

Las tres sentencias corresponden a recursos de ATLL tras la anulación de la adjudicación del contrato, que fue avalada por el TSJC en 2015 y confirmada por el Tribunal Supremo tres años después, por lo que la concesión entraba en fase de liquidación. De hecho, fue en 2018 cuando el conseller de Territorio (Damià Calvet), en cumplimiento de las decisiones judiciales, resolvió la liquidación del acuerdo de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat, que asumió la Generalitat por medio de las instalaciones de la red de Ter-Llobregat y la empresa pública Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL).

El fondo Fortress, gestor del litigio

Ahora, la Generalitat tiene la opción de interponer un recurso de casación extraordinario contra el fallo, mientras ATLL está analizando los fundamentos de la sentencia por si hubiere de emprender nuevas acciones legales o judiciales. De todos modos, no sería Acciona quien percibiera los 304,4 millones de euros fijados por los tribunales, sino el fondo estadounidense Fortress, a quien la cotizada cedió en 2019 los derechos de cobro derivados de esta reclamación a cambio de 170 millones más una cantidad aún por determinar en función del importe concedido. Sea como sea, acabarán pagando los contribuyentes.