El futuro de Celsa se decide en días: las prejudiciales que pueden prolongar el conflicto

Si así fuera, el destino de la compañía quedaría en el aire. El juez Álvaro Lobato aplazaría su decisión sobre el plan de reestructuración defendido por los acreedores hasta despejar todas las dudas legales. Se trata de una posibilidad remota, valoran algunos mercantilistas consultados por este medio, que, sin embargo, abriría un compás de espera de duración indefinida. De lo contrario, el juez sentaría una sentencia que no sería recurrible sino solo ejecutable.

Constitucional y Luxemburgo

El pasado mayo, los Rubiralta interpusieron dos cuestiones prejudiciales. Por un lado, solicitaron al magistrado que elevase una cuestión de inconstitucionalidad ante el órgano de garantías sobre la recién aprobada ley concursal. A la vez, pidieron al juez que corroborase la legalidad de la nueva norma ante el Tribunal General de la Unión Europea, primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo.

En aquel momento, la propiedad sostuvo que la recauchutada ley concursal lesionaba los derechos de los deudores al vetar su oposición a la homologación de los planes de reestructuración de deuda. No todos los países que traspusieron la directiva europea de la que emana la regulación concursal española bloquearon esta posibilidad, argumentaron los servicios jurídicos de los Rubiralta. Hay que tener en cuenta, además, que el de Celsa es un caso pionero respecto al uso de estos planes, instrumento inédito incorporado a la nueva ley.

Francesc Rubiralta, presidente de Celsa

Espaldarazo a Lexaudit

Conviene recordar que el juez Lobato cegó esa posibilidad cuando se planteó hace cuatro meses, antes del arranque de las vistas públicas del juicio. Pero manifestó que se pronunciría de forma definitiva sobre ambas prejudiciales en el momento de resolver el litigio.

Por tanto, esta vía sigue abierta, si bien algunos observadores consideran que ha quedado debilitada tras el espaldarazo a Lexaudit por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona que se dio a conocer esta misma semana.

Demandas en Madrid

También está por ver qué sucede con las tres demandas vivas interpuestas por Celsa contra sus acreedores por los supuestos intereses usureros que obtendrían al cobrar la deuda jumbo o a largo plazo. La deuda total del grupo supera de largo los 3.000 millones de euros.

Aunque las tres demandas han sido aceptadas a trámite por tribunales de Madrid, e incluso se cuenta con una primera sentencia parcialmente favorable, la familia atesora otros reveses judiciales vinculados con este frente. También es un asunto sobre el que Lobato deberá incidir a la hora de dictar sentencia.

Instalaciones de Grupo Celsa en Reino Unido

Última palabra del Gobierno

Por tanto, aún faltan lances en esta batalla judicial. Y aun cuando el magistrado de lo mercantil tumbase todas las bazas de los propietarios y homologase el plan de los acreedores -que consiste básicamente en el canje de parte de la deuda en acciones, lo que supondría su toma de control de la siderúrgica, y en una reordenación de la deuda restante- la pugna aún no estaría del todo resuelta.

Al tratarse de una empresa estratégica para la economía española que iría a parar a manos extranjeras, el Gobierno debería avalar la operación. Aún pese a estar en funciones y con un rescate pendiente de la SEPI de 550 millones. Se saldrá de dudas en menos de diez días.