Bolt propone una "moratoria" del decreto catalán de VTC para "evitar conflictos en la calle"

Por ello, la compañía pide tanto a la Generalitat como al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que arbitren una solución para evitar un vacío normativo una vez que Luxemburgo se pronuncie. En una entrevista con Crónica Global, el director de rides en España, Daniel Georges, ha propuesto aplicar una "moratoria" que dé tiempo para reformar la legislación y frenar los conatos de conflicto con el taxi.

Evitar un limbo legal

"Sabiendo que hay una posibilidad muy alta de que se tumbe su propia regulación, lo lógico sería tomar medidas preventivas como conceder una moratoria o establecer un periodo transitorio hasta elaborar otra regulación que encaje dentro de la sentencia. Eso sería lo lógico y lo que daría seguridad jurídica y evitaría conflictos en la calle sobre todo en un año electoral", afirma el directivo.

De lo contrario, se caería en una anarquía legal como la que rige ahora en la Comunidad Valenciana, donde no se ha regulado nada tras la pérdida de vigencia del conocido como decreto Ábalos. "Ahora allí hay un limbo donde los VTC siguen operando sin ningún amparo legal", lamenta Georges.

Daniel Georges, director de 'rides' de Bolt en España / CEDIDA

Acciones legales

En paralelo a la baza europea, que la plataforma está convencida de que ganará si se observa el posicionamiento de la UE seguido en otros países, los partners de la empresa están moviendo ficha. A diferencia de Cabify y Uber, Bolt no cuenta con flota propia, por lo que son sus autónomos y pymes asociados quienes están acudiendo individualmente a los tribunales para solicitar medidas cautelares contra la entrada en vigor del decreto autonómico el pasado 1 de enero.

En concreto, en las alegaciones presentadas por los afectados se están usando los parachoques distribuidos por la propia compañía para sortear el requisito de 4,9 metros de longitud mínima de los vehículos. Además, se están preparando "demandas patrimoniales" para compensar los daños y perjuicios encajados por los chóferes a raíz de las regulaciones.

Sanción milmillonaria

"Ya hay una demanda patrimonial derivada de la regulación de 2018, con los famosos 15 minutos que supuso que alguna plataforma o flota dejase de operar y que supera los 500 millones de euros. Ahora podría haber una suma de demanda patrimonial que supondría otros 500 millones. En total, la Generalitat tendría que hacer frente a una sanción potencial de 1.000 millones", advierte el country manager.

"Tanto a nivel político como a nivel administrativo la situación que hay ahora no tiene ningún sentido", resume Georges. Pese a ello, la app sigue adelante con sus planes de expansión en Cataluña. Basándose en una apuesta multimodal y un modelo que privilegia la calidad por encima del precio, Bolt mantiene a Barcelona como una de las capitales calientes en su hoja de ruta.

Compromiso de Bolt

"Barcelona es una ciudad que tiene un problema muy grave de movilidad. Comparado con otras ciudades tiene un peso del sector turístico muy importante que a nosotros nos genera muchísima demanda. Además, hay una oportunidad tremenda para crecer especialmente de cara a las próximas regulaciones que van a limitar el uso del coche privado", argumenta el ejecutivo.

Si bien la incertidumbre regulatoria aleja la irrupción de nuevos servicios como Bolt Food --la vertical de reparto a domicilio de comida activa en otros mercados--, la app está atenta al crecimiento de sus divisiones de taxi y VTC, principales patas de negocio en Barcelona y el conjunto de España, y también de bicicletas eléctricas --ahora tiene unas 400 en la Ciudad Condal--. De hecho, el grupo planea aumentar su equipo, formado hoy por 44 personas, hasta una sesentena al cerrar 2023 ante el auge previsto de su actividad.