La congelación de contratos públicos ahoga a las empresas de limpieza

SOS de las empresas de limpieza por la falta de flexibilidad de la Administración en la contratación pública. Tanto ASPEL como AFELÍN, patronales que representan respectivamente a las grandes y pequeñas compañías del sector, han denunciado a Crónica Global la falta de manga ancha del Gobierno en la actualización del precio de las contratas ante el encarecimiento de los suministros y, sobre todo, de los costes laborales.

A diferencia de lo que ocurre en otras actividades como la obra pública, una modificación normativa de la ley de Desindexación de la Economía procedente de la era Rajoy impide actualizar los presupuestos de licitación ante un incremento imprevisible de los costes. Esta congelación de los contratos desencadena un estrés económico en las privadas agravado aún más por la política de prórrogas unilaterales practicada por los entes públicos en equipamientos como escuelas u hospitales.

600.000 trabajadores

La situación golpea un sector relevante en la economía nacional. La limpieza profesional supone el 1,05% del PIB y emplea a 572.000 personas en un segmento con cerca de 36.000 empresas, cuyo tamaño medio es el de una pyme. Un tejido empresarial que en los últimos años ha encajado sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y que, además, está renegociando en los últimos meses la miríada de convenios provinciales que rige su actividad.

Como detalla el presidente de AFELÍN, Jesús Marín, "las tablas salariales de los convenios se están actualizando de media un 3%". Si no más: el marco laboral de la limpieza en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha renovado recientemente con un plan de subidas trienal del 2,5% (2022), 2,5% (2023) y 3% (2024). Su homólogo en ASPEL, Juan Díez de los Ríos, recalca que las sucesivas alzas de las remuneraciones se han efectuado a cuenta de la tesorería de las adjudicatarias sin que en ningún caso se hayan tocado los pliegos.

Una mujer ejerce un trabajo de limpieza en un domicilio / EFE

Apoyo de los sindicatos

Este es el problema para el que las compañías piden una solución, del mismo modo que se ha dispuesto un salvavidas para las constructoras en la misma situación --aunque con escaso éxito, como explicó este medio--. La salida propuesta por las patronales pasa por modular la normativa para facultar, previa justificación de unos sobrecostes mínimos del 2%, el recálculo de los precios de las licitaciones.

En esta petición las patronales han recabado el apoyo de las federaciones de servicios de UGT y CCOO. Los sindicatos son conscientes de que el modelo concesional requiere de cierta flexibilidad ante subidas imprevistas, máxime cuando son impuestas por los poderes públicos como el gasto laboral. De ello se deriva la buena marcha del diálogo social, como constataron CEOE, UGT y CCOO en una reciente carta firmada al alimón, ya que muchas licitadas se nutren exclusivamente de los ingresos de su actividad concesional.

El Gobierno se enroca

Pero por el momento los tres ministerios afectados, Hacienda, Economía y Trabajo, no han dado su brazo a torcer. Tras esta negativa se hallaría la tesorería delicada del erario, según las fuentes consultadas, además del conocimiento íntimo de que las compañías preferirán entrar en pérdidas antes que desatender los servicios públicos.

Con estas cartas juega la Administración, pero el sector lanza una advertencia. "No podremos aguantar así eternamente, entraremos en pérdidas o hay empresas que desaparecerán", resume De los Ríos. Las patronales confían en que el Ejecutivo entre en razón, sobre todo cuando algunos socios gubernamentales como el PNV ya han movido ficha en esta dirección. Mientras tanto, compás de espera.