Una obra pública a medio construir, en una imagen de archivo / EP
La fórmula "tramposa" del Gobierno para revisar el precio de la obra pública
La exclusión de la energía a la hora de evaluar los sobrecostes derivados de la inflación perjudica a la mayoría de constructoras
5 septiembre, 2022 00:00La fórmula adoptada por el Gobierno para revisar al alza el precio de la obra pública orilla a la mayoría de constructoras. Esa es la denuncia realizada por fuentes del sector que califican de "tramposo" e "ineficaz" el método de cálculo adoptado por el Ministerio de Transportes para compensar a las adjudicatarias por el encarecimiento de los costes debido a la guerra de Ucrania y la crisis energética.
En declaraciones a Crónica Global, el vicepresidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Mariano Sanz, ha detallado cómo se lleva a cabo la ponderación de los sobrecostes por parte de las mesas de contratación. "Se tiene en cuenta una fórmula polinómica que contempla solo cuatro materias primas: las bituminosas o derivados del betún, aluminio, hierro y cobre. Estos son los únicos ítems que se tienen en cuenta de acuerdo a los índices públicos del Instituto Nacional de Estadística", explica.
Transportes se enroca
Es decir, a la hora de valorar si las compañías han encarecido sus costes se excluye el factor energético que hoy por hoy es la principal losa para las contratistas. La fórmula excepcional de los dos reales decretos del Gobierno --el primero aprobado en marzo y el segundo, en agosto; este último extendió la medida a Aena-- valora solo los importes certificados de entre el 5% y el 20% del importe durante el año 2021 sobre el precio de adjudicación del contrato. En aquel ejercicio las tensiones por la factura del gas y la electricidad todavía no habían estallado.
Pese a que la CNC ha trasladado en repetidas ocasiones este problema a las autoridades, el ministerio dirigido por Raquel Sánchez no tiene previsto introducir modificaciones. Transportes no ha respondido a las preguntas de este medio. Otros interlocutores consultados señalan que si las actualizaciones se generalizaran las empresas públicas y la Administración podría enfrentarse a un importante estrés de tesorería.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante la presentacón del programa de actuaciones en la AP-7 y la AP-2 en Cataluña / EUROPA PRESS
¿Qué sectores saldrán beneficiados?
En cualquier caso, la exclusión de la energía reduce de forma significativa el número de adjudicatarias que pueden sacar provecho de la revisión de precios. Pasados cinco meses desde la publicación del Real Decreto-Ley 6/2022 el pasado 29 de marzo, las constructoras que han visto la oportunidad de acudir a esta medida extraordinaria han sido fundamentalmente las que trabajan en el sector ferroviario.
"Pero las constructoras que trabajan en urbanizaciones, carreteras o polígonos, excepto los de uso industrial, no se verán beneficiadas", lamenta el portavoz de la patronal.
'Carpetazo' por silencio negativo
A esta situación se suma que un número importante de peticiones han sido archivadas tres meses después de su presentación. Estos carpetazos por vía del silencio negativo, que ni siquiera entran a valorar el fondo de los expedientes, bloquean la posibilidad de revisar las licitaciones a través de los órganos de contratación. Solo dejan abierta la alternativa de recurrir por lo contencioso-administrativo.
"Nos encontramos con que aquellos que lo han solicitado en plazo no obtienen respuesta de la Administración. Eso retrae muchas compañías que están intentando calibrar cómo y cuándo les conviene pedir la revisión de precios", detalla Sanz.
