A vueltas con el salario mínimo

Cristina Farrés
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El inicio avanzado del curso político en el país ha propiciado que se recupere con fuerza el debate salarial. De la necesidad de subir de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) seis meses después de que se aprobase fijarlo en los 1.049 euros brutos mensuales que se perciben en la actualidad y que fue pactada entre el Gobierno, UGT y CCOO, ya que la CEOE se desmarcó.

En ese momento la patronal recordó que en la subida anterior, que sí fue un rara avis porque se alcanzó con el consenso de todos los actores que participan en el diálogo social (Gobierno, patronal y sindicatos), se fijó un calendario de aumentos escalonados que se incumplía. Pero el Ejecutivo tuvo prisa y mandó el mensaje de que al final de la legislatura el SMI equivaldría al 60% del salario medio del país.

Ahora, la ministra Yolanda Díaz ha dejado claro que quiere llegar de forma inmediata a este horizonte, y cuenta con el favor de los sindicatos. UGT ha sido el más activo en fijar el objetivo de la retribución mínima legal en 1.100 euros. Ha cargado las tintas contra CEOE, que ya pidió a principios de julio no aumentar ni los precios ni los salarios “para no provocar una espiral inflacionista”, tras conocer los datos del IPC del mes anterior.

Todo ello lleva a un nuevo otoño caliente de protestas laborales --los sindicatos ya han avanzado que las convocarán, queda saber el respaldo social que tendrán--. Con todo, parece que el debate retributivo se centra de nuevo en la necesidad de subir los sueldos más bajos. Pero, ¿es este el principal problema salarial del país?

Los 1.049 euros actuales no están tan lejos de, por ejemplo, los 1.540 que se cobran en Francia o los 1.584 euros de Alemania. Existe diferencia, sí, pero mucho menor que la registrada en los salarios medios. En España estaba situado en los 2.236 euros mensuales al cierre de 2021. En Francia alcanzó los 3.182 euros y en Alemania, 4.380 euros.

La diferencia en este sentido es muy acusada y el tiempo es tozudo, ya que no se ha cumplido la máxima de que el incremento del SMI empujaría el resto de retribuciones. Ya se partía de un escenario de subidas a dos velocidades. De 1981 a 2020 el SMI subió a una tasa anual del 5% mientras que el resto de retribuciones pactadas por convenio se revalorizaron el 4,2%.

El impacto de la inflación propició que entre 1981 y 2004 los que lo percibían --actualmente lo cobran 3,5 millones de personas de un mercado laboral con casi 20,5 millones de ocupados-- perdieran el 14% de su poder adquisitivo. Pero la merma se compensó por las subidas registradas entre 2005 y 2009.

Es precisamente la inflación, desbocada por el contexto internacional, la que se esgrime como principal argumento para elevar de nuevo el SMI. Para el resto de salarios, sí es verdad que Gobierno y sindicatos reclaman a la CEOE que se siente de nuevo en la mesa de negociación para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y revalorizar las tablas salariales de los convenios marco, esta petición se ensombrece con el SMI. Pero no parece que vaya a llegar a buen puerto.

El Banco de España indicó hace un año en un estudio sobre la retribución mínima que subirla es una medida que “presenta dos elementos favorables respecto a otras alternativas” del debate laboral. No tiene un impacto fiscal inmediato y es “relativamente fácil de decretar por parte de un Gobierno”.

Más allá de las protestas y de los anuncios y contraanuncios políticos que veremos en los próximos meses, las partes implicadas aceptan que el SMI subirá en 2023. Con el resto de salarios sin moverse ni un ápice y sin abrir otro debate que es tan impopular como necesario, el del incremento de desempleo que conlleva la decisión. ¿Alguien será capaz de abordar sin apriorismos y con valentía una cuestión tan importante como la de los salarios en el país?

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¿Quién es... Cristina Farrés?
cristina farrés autores peque

Periodista. Especialista en economía. Directora de Crónica Global desde el 1 de enero de 2020.