Antoni Cañete, presidente de la Plataforma contra la Morosidad y de Pimec / PLATAFORMA CONTRA LA MOROSIDAD

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma contra la Morosidad y de Pimec / PLATAFORMA CONTRA LA MOROSIDAD

Business

Las pymes urgen a sancionar la morosidad para evitar una ola de cierres

Cañete alerta de que la inflación, las exigencias del ICO y los impagos pueden provocar una cadena de quiebras más devastadora que la de 2008

21 abril, 2022 14:57

"O tenemos decisiones estructurales en los plazos de pago, o vamos a asistir a un cierre mucho mayor de empresas al que tuvimos en 2008". Así de contundente se ha mostrado Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que ha reclamado al Gobierno medidas para salvar al tejido empresarial.

Actualmente, "el 5% de las facturas se está impagando", según el empresario, que ha señalado que "se ha perdido" liquidez por el aumento de precios de las materias primas y la energía. Una crisis que ya se está trasladando, de forma gradual, a los impagos.

Empresas zombi

La entidad que representa a pymes de varios sectores económicos teme que "la inflación, el final de la moratoria de la ley concursal y los nuevos créditos ICO pueden tener un efecto devastador en los métodos de pago, incrementando las empresas zombi". Con el efecto que el cierre de empresas tendría, además, en las cadenas de distribución.

Una de las cuestiones que preocupan a la asociación es que "las empresas con una posición de dominio" aprovechen la inflación para pagar las facturas meses más tarde a un valor real inferior. Por otro lado, ha expresado alarma por el hecho de que se clasifique a las empresas como "en vigilancia" o "insolventes" si renuevan los créditos ICO, lo que puede acabar provocando que "no tengan viabilidad".

Régimen sancionador

Por todo ello, la plataforma ha pedido al Gobierno incluir un régimen sancionador contra la morosidad en la futura Ley Crea y Crece, aunque por ahora no ha arrancado ningún compromiso en este sentido. Sin embargo, el PDECat y otros partidos preparan enmiendas en esta línea.

A lo que sí se ha comprometido el Gobierno, según Cañete, es a que, bajo la nueva ley, ninguna empresa cobre dinero público si no paga a 60 días a proveedores y subcontratistas y que exista un método de comprobación eficiente.