Jaume Roures, presidente ejecutivo de Mediapro, en una comparecencia de prensa / EFE

Jaume Roures, presidente ejecutivo de Mediapro, en una comparecencia de prensa / EFE

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La vivienda social de Jaume Roures encalla con la pandemia

La primera promoción de pisos de protección oficial de Mediapro "se retrasa" por el coronavirus, admite el Ayuntamiento de Barcelona

26 agosto, 2021 00:00

La vivienda social que construirá una empresa propiedad a Mediapro, el grupo audiovisual que preside Jaume Roures, ha encallado. La primera promoción de pisos de protección oficial que elevará el grupo audiovisual en alianza con el Ayuntamiento de Barcelona marcha con retraso, admite la Administración local. 

Lo ha reconocido una portavoz municipal a preguntas de este medio. La fuente oficial ha indicado que "el impacto de la pandemia ha retrasado el calendario de este proyecto", que consta de 47 pisos protegidos de alquiler asequible en 4.340 metros cuadrados en el barrio de Poblenou de Barcelona, en la llamada Illa Sibèria, pues albergó una fábrica de hielo en el pasado. Es una parcela situada entre el 22@ y Vila Olímpica.

"Ha pasado con muchos proyectos"

La misma voz oficial ha dado más datos. "En estos momentos se redacta el proyecto ejecutivo" de la obra, lo que significaría que Coyoacan Invest, propiedad de Mediapro, ya ha pedido la licencia de obras, pues puede hacerlo con el proyecto básico. El Ayuntamiento recuerda que la pandemia ha impactado en otros desarrollos urbanos. "Ha ocurrido con todo tipo de proyectos", subraya la misma portavoz. 

Por su parte, ni Grupo Mediapro ni Fundació Habitat3, que gestionará los pisos que construya la firma vinculada al conglomerado audiovisual, han contestado a las preguntas de este medio.

Entrega en año electoral

Sí hay más información en el expediente de contratación que licitó el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (Imhab), que se puede consultar en este enlace. Según la documentación del proyecto, la mercantil ligada a la compañía de Roures tenía nueve meses para pedir la licencia de obras y otros doce para comenzar los trabajos desde la adjudicación. Esta fue en marzo de 2020, por lo que el plazo ha pasado, incluso si se tiene en cuenta la suspensión de trámites municipales por la pandemia, que acabó en mayo de 2020

En el mejor de los casos, si Coyoacan ya ha entrado la licencia de obras y se "redacta el proyecto ejecutivo", como sostiene el consistorio, las obras van con retraso. Tenían que empezar a finales de 2020, según informó Ara en su momento. La entrega de la promoción la fijó el privado para finales de 2022. Con el nuevo calendario, la vivienda social del grupo de Jaume Roures se va a 2023, año de elecciones municipales en Barcelona. 

Experiencia piloto

Cabe recordar que las viviendas sociales que construirá Coyoacan en Barcelona son la primera experiencia de promoción delegada de aumento del parque público de protección por parte del gobierno de Ada Colau. Con arreglo a este sistema, la firma vinculada a Mediapro levantará los 47 pisos protegidos y locales comerciales en los bajos. Tras ello, cederá la gestión a la Fundación Habitat3. 

El suelo, que es municipal, jamás saldrá del portafolio de la Administración local. Lo retendrá el Instituto Municipal de Vivienda, que lo cede por un periodo de 75 años prorrogable a otros 15. A cambio, Coyoacan ha pagado 997.500 euros al Ayuntamiento de Barcelona en dos veces. 

Sin protocolo antiparaíses

La operación inmobiliaria de construcción de vivienda social por parte de una sociedad limitada propiedad de Mediapro es solo una de las fórmulas utilizadas por el gobierno de Ada Colau para aumentar el parque público de alquiler, que prometió incrementar antes de llegar a la alcaldía. Incumplió después la promesa por la lentitud en ejecutar las promociones y la sobreestimación de pisos fuera del mercado. 

En este caso, no obstante, hay otra arista, y es que el Ejecutivo local ha vuelto a vulnerar el decreto de alcaldía de 2016 por el que se desmarcó de las empresas que tienen tratos en paraísos fiscales. En el caso de Mediapro es lo que ocurrió con Panamá, que es considerado un paraíso fiscal por la Unión Europea [ver lista actualizada aquí]. Lo admitió la compañía en 2020 y lo ha corroborado esta semana un testigo del caso sobornos en EEUU, que salpica a Media Word, filial del grupo audiovisual catalán.