El Gobierno blinda los planes de Naturgy y Criteria ante la ofensiva de IFM

Hacía tiempo que el mercado descontaba que el Gobierno no vetaría la opa del fondo australiano y mucho más desde la salida del Palacio de la Moncloa de los dos actores que más reacios se habían mostrado a la operación, como eran José Luis Ábalos, exministro de Transportes, e Iván Redondo, máximo responsable del gabinete de Presidencia.

Horizonte despejado 

Las expectativas se centraban en los elementos que condicionarían la aprobación del Gobierno y también el momento de concederla y, por lo tanto, poner en marcha toda la maquinaria de la oferta (luz verde de la CNMV al folleto, inicio del plazo de aceptación, etcétera).

Éste ha llegado solamente cuando el horizonte ha quedado despejado en cuanto a dos cuestiones fundamentales: qué posición tomaría al respecto Criteria Caixa, primer accionista de Naturgy y, a la sazón, garante de la españolidad de la compañía (frente a una mayoría del capital controlada por fondos extranjeros, a los que podría añadirse IFM); y cuál era el plan a largo plazo de la energética, que se había visto obligada a aplazar en dos ocasiones, primero por la pandemia, después por la opa.

Plazos de cinco años

De este modo, el Gobierno ha podido blindar con su decisión tanto la hoja de ruta de la empresa para el próximo lustro como la de su primer accionista, al que llevará aún un tiempo reforzar su posición en el capital para alcanzar una participación próxima al 30% y, probablemente, ampliar su representación en el consejo de administración.

Por eso, no resulta extraño que buena parte de los condicionantes que el Gobierno ha puesto encima de la mesa para autorizar a IFM a intentar hacerse con un porcentaje significativo del capital de Naturgy tengan una vigencia de cinco años, precisamente la duración del plan que el consejo de la compañía que preside Francisco Reynés aprobó por unanimidad la pasada semana.

Francisco Reynés, presidente de Naturgy, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

Clave para el plan del Ejecutivo

Este plan incluye inversiones de 14.000 millones de euros, de los que una parte significativa, cerca de 9.000 millones, irán a parar al desarrollo de proyectos renovables (muchos de ellos, en España). A través de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Ejecutivo es consciente de la relevancia de Naturgy para el proceso que, precisamente, lleva el nombre de este departamento. Demasiado peso, demasiado importante para correr el riesgo de que su estrategia “se despiste” con otros aspectos en los que IFM tiene particular interés, como es el mercado del gas natural licuado (GNL).

Uno de esos compromisos a largo plazo es precisamente el apoyo incondicional a las inversiones que la empresa energética haga en materia de energías renovables.

Flexibilidad

Al mismo tiempo, el plácet del Consejo de Ministros a la oferta del fondo australiano incluye el compromiso de no promover desinversiones que no se contemplen en el plan estratégico de Naturgy, aprobado, firmado, atado y bien atado. Inamovible.

Más flexible se muestra en cambio el Gobierno con un aspecto como el de una posible exclusión de bolsa. Al menos, en cuanto al plazo se refiere que, en este caso, contempla un veto únicamente de tres años.

Liquidez

El propio Reynés manifestó en la presentación ante la prensa del plan 2021-2025 que a día de hoy ninguno de los socios de referencia de la empresa se plantea salir del parquet.

Una circunstancia que podría cambiar si finalmente IFM cierra la oferta con cierto éxito y se hace con un paquete significativo de títulos de Naturgy, lo que reduciría de forma notable el capital flotante del valor y le llevaría a una situación de escasa liquidez que redundaría en perjuicio de todos los accionistas.

La sintonía en los dividendos

Por ahora, IFM no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión del Gobierno. Nada hace pensar que no vaya a seguir adelante con la oferta e intentar hacerse con el máximo capital posible de la empresa energética. En privado, el fondo considera que la compañía debería haber esperado al desenlace de la opa y a su posible aterrizaje en el capital y el consejo para aprobar el plan, que considera poco ambicioso.

Uno de los aspectos que le hace pensar de esta manera es el relacionado con la política de dividendos, claramente menos agresiva que la del anterior plan, que incluso contemplaba un pay-out superior al 100%, lo que llevaba a la empresa a endeudarse para poder retribuir a sus accionistas.

No es un factor que haya pasado desapercibido para el Gobierno. Porque uno de los condicionantes se basa precisamente en promover una política de dividendos “prudente”. Justamente, el calificativo que empleó Reynés para definirla. Una sintonía elocuente de los intereses comunes de ambas partes. La cuestión será encontrar el encaje para un tercero.